Para cualquier país es importante determinar si tiene en su territorio petróleo, gas natural entre otros hidrocarburos, estos contribuyen al desarrollo energético, motor de la economía. Su existencia en cantidad y calidad permitiría autosuficiencia en transporte, producción eléctrica, asfaltado de calles y carreteras.

Durante más de 60 años, el país tuvo una ley de exploración y explotación de hidrocarburo, que se convirtió en en una retranca para el desarrollo de esa actividad, la normativa prohibía la participación de empresas extranjeras y las compañías locales no poseían las tecnologías adecuadas, experiencia ni capital para invertir en estudios e investigaciones.

Desde 1956 la búsqueda y explotación de petróleo estuvo regida por la legislación 45-32, conocida como ley de Petróleo y sus Derivados, que impidió el desarrollo de estudios e investigaciones en ese campo de tanta importancia para la economía del país. Esa normativa solo permitía a empresas dominicanas participar en esa actividad, una ley de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo.

A mediados del presente año, la referida ley fue modificada por la 37-25, que permite a empresas extranjeras, con recursos económicos suficientes, participar bajo contracto, a través de licitaciones para exploración y explotación de petróleo en territorio dominicano. La nueva legislación condiciona la participación extranjera, a que tengan una contra parte de capital dominicano, de por lo menos un 15 por ciento.

En el marco de la nueva legislación el Ministerio de Energía y Minas, anunció recientemente la firma de un contrato con las empresas Globales Min, dominicana y Lumina Geophisical, norteamericana, que se asociaron para trabajar junta la exploración y explotación de hidrocarburos en el país, aunque el gobierno ha dado a conocer el convenio, se desconoce el alcance y llama la atención que en la licitación sólo participó un oferente.

La informacion dada por el órgano oficial, indica que fueron asignados los bloques CB1 y CB2, para la explotación y exportación de las zonas de Monte Cristi, Dajabon, Valverde, Puerto Plata y Santiago. Las empresas asumirán los costos y riesgo de las operaciones y deberán invertir un mínimo de 4.0 millones de dólares.

A pesar de que el gobierno ha explicado que la empresa norteamericana posee gran experiencia en el campo petrolero en países latinoamericanos, como Colombia, México y Canadá, se desconoce cuáles proyectos de importancia estan desarrollando y donde han utilizado sus avanzadas tecnologías y resultados obtenidos.

El contrato de concesión otorgado a Global Min y Lumina Geophisical, es el primero que se concede después de aprobado el nuevo marco jurídico. El cual deberá ser sometido al Congreso Nacional, para su aprobación o rechazo, por lo que nuestros legisladores deben estudiar minuciosamente el alcance y beneficios para el país, a fin de ser utilizado como modelo en otros que pudieran producirse más adelante.

Además, a nuestros congresistas corresponderán investigar, transparencia, estándares de sostenibilidad, respeto al medio ambiente, porcentajes de beneficios para el país y proporciones a usar en el país, para comparar las negociaciones con las realizadas por otras naciones de Latinoamérica.

Por: Raúl Herrera
raulherrera@gmail.com