Las denuncias de que los dominicanos en Puerto Rico son víctimas de abusos, discriminación y persecución no son nuevas. Pero que el Departamento de Justicia de Estados Unidos las patentice a través de un informe que retrata la infame conducta de la Policía confiere mayor dimensión y credibilidad al asedio contra los compatriotas en la isla.

Los dominicanos constituyen el grupo étnico más numeroso en Puerto Rico, una isla a la que, atraída por las luces del progreso que encarna el sueño americano, una buena parte ha llegado a riesgo de sus propias vidas por el canal de La Mona. Muchos son atrapados por la delincuencia, pero otros sólo se dedican al trabajo honrado para mantener a los suyos.

La Policía, como si actuara impulsada por el odio y el resentimiento, no se toma la molestia de discriminar. Basta con ser de origen dominicano para que todos sean juzgados con la misma vara. Factores como el ascenso a ministerios de figuras de origen dominicano ni siquiera son tomados en cuenta por la fuerza del orden.

Puede medirse la dimensión de los atropellos cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos los relaciona con el grado de corrupción que contamina a la Policía boricua, a la que también atribuye registros e incautaciones ilegales y abuso de la fuerza. Tampoco ha de pasarse por alto que el demoledor informe fuera presentado por el fiscal general adjunto del organismo, Thomas E. Pérez, en una inusual conferencia de prensa.

Las autoridades boricuas no son ajenas a ese un patrón sistemático de violación de los derechos civiles de que ha sido víctima la comunidad dominicana. Casos como el arresto por brutalidades de más de 1,700 agentes entre 2005 y 2010 testimonian los abusos enarbolados por el Departamento de Justicia.

Es muy significativo el hecho de que el fiscal estadounidense haya advertido que no se limitará a exponer las violaciones, sino que velará para que la Policía modifique procedimientos que contrastan con la cuarta enmienda de la Constitución, como es recurrir al uso de la fuerza y al registro e incautaciones ilegales.

El informe que describe las atrocidades contra la comunidad criolla en la vecina isla es para que el Gobierno dominicano intervenga, por vías legales y diplomáticas, en defensa de los acosados compatriotas. Es obvio que desde hace tiempo están abandonados a su suerte.