En la columna pasada abordanos el tema de la difamación e injuria a propósito de expresiones ultrajantes contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y sostuvimos que una mano maestra estaba detrás de esa bien orquestada campaña desde hace más de un lustro, toda que, siendo diputada o senadora, se articularon expresiones soeces para denostar a la joven e integra funcionaria.

Ahora surgen los autores de las difamaciones e injurias, identificando a los gestores de esa vil cruzada venenosa, manifestando sus disculpas, cuando el daño está hecho y los imputados de las difamaciones e injurias deben ser sancionadas conforme a las penas establecidas en la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento y resarcir civilmente los agravios cometidos.

De manera, pues, que se necesita revivir la normativa a los fines de detener el torrente de insultos y el desmedido uso de la palabra para dañar reputaciones ganadas por funcionarios y personas de la sociedad civil en su vida pública y privada. La ley de prensa debe contener las herramientas necesarias para encausar a los terroristas del lenguaje que, sin ningún miramiento ni contemplación abusan de las facilidades de las redes sociales y otros medios.

Actualmente, cursa en el congreso, un proyecto de ley que abre la puerta a los sicarios de la honradez, del buen nombre de las personas, del honor y la intimidad del ciudadano, exonerando esos hechos punibles, al construir un blindaje para que los culpables no vayan a las cárceles, y sigan sin temor, su camino de detractar y disminuir la imagen de probidad y seriedad del quehacer de la vida pública y privada de hombres y mujeres que ejercen actividades inherentes a sus funciones.

Incurrir en disrupciones al elaborar una pieza legislativa, es una aberración que estimula la delincuencia que incursiona en las redes sociales, principalmente en los canales de televisión y las ondas hertzianas, lo que obliga a realizar una profilaxis de los difamadores impenitentes, imponiendo penalidades más drásticas, ya que la actual ley contempla castigos muy benignos, por lo que urge una modificación que constituya una verdadera prevención tendente a impedir la repetición de las repugnantes vulgaridades el los medios audiovisuales.

Nadie tiene licencia para denigrar y embarrar prestigio conquistado con muchos esfuerzos y sacrificios, y por tales motivos, decía el veterano periodista Oscar López Reyes, que las sanciones no deben circunscribirse a multas pasajeras por los percances y agravios desatados maliciosamente por incontrolables bravucones y chantajistas en la ribera. Inadaptados y desequilibrados psíquicos que desconocen la ética y los cánones jurídicos.