A más de dos meses del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, con los nuevos ingredientes que han surgido el caso continúa enredándose sin visos creíbles de que será aclarado.

Con la acusación contra el primer ministro Ariel Henry y la destitución del fiscal que estaba al frente de las investigaciones la nación parece enrumbarse por una atmósfera explosiva. Henry todavía cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, pero poco a poco pierde la confianza en su propio país.

Fue una ONG la que proporcionó la información que utilizó el destituido fiscal para citarlo con relación a dos supuestas conversaciones telefónicas que sostuvo con el principal sospechoso del magnicidio, Joseph Badio, todavía prófugo, después del suceso.

La garantía ofrecida por el nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública, List Quitel, de que el crimen será dilucidado no ha despertado mayor confianza en la población. Después de negarse a ser interrogado y de la destitución del magistrado, Henry aclaró en un comunicado que luego del asesinato de Moïse habló por teléfono con muchas personas, sin especificar la relación con el desaparecido Badio.

Ya distintos sectores han reclamado públicamente al primer ministro que deje el cargo y se ponga a disposición de la justicia para despejar cualquier duda sobre su relación con los imputados por el magnicidio. No se descarta, pues, que en cualquier momento estallen protestas sociales.