Cuando un su discurrir un sistema evidencia la necesidad de introducir cambios para su actualización y mejora significativa, lo pertinente es hacer una reforma integral que incluya los ajustes necesarios para su actualización y mayor eficiencia, en lugar de parches o modificaciones que no obedezcan a una visión global del tema abordado.

Para que las reformas integrales tengan tal carácter y produzcan los resultados deseados, o sea que el tema no se quede en simples teorizaciones o inútiles disquisiciones, el proceso debe realizarse con la activa participación de todos los sectores involucrados.

Esa fórmula, cuya validez y factibilidad de aplicación ha quedado demostrada en coyunturas en que se ha puesto de manifiesto la conveniencia de hacer ajustes en algunas legislaciones, es la más práctica y viable para, mediante el consenso, lograr una reforma estructural del sistema de pensiones con la participación del Gobierno, los agentes sociales y quienes representan los intereses de los trabajadores.

Todos los debates en torno a este tema han demostrado que el mejoramiento del sistema de pensiones es una aspiración de la que participan de forma decidida y entusiasta, diferentes sectores de la sociedad dominicana, incluida la clase trabajadora, que sería la principal beneficiaria.

Es hora, pues, de dejar de lado los planteamientos de quienes sólo tienen como objetivo confundir sobre la realidad del sistema previsional del país para emprender una verdadera reforma con la participación de los sectores bien inspirados y que proyectan sus mejores impulsos para que se preserven derechos y se fortalezcan reivindicaciones sociales.

Contrario a lo que plantean algunas voces destempladas y alejadas de toda lógica o razón, la vía para lograr una conquista social y humana no puede ser en modo alguno despojar a los fondos de pensiones del 30 por ciento del ahorro de los trabajadores. Lo que procede, en cambio, es lograr el consenso entre las diferentes partes que intervienen en el proceso, para llegar a una solución común.

Aunque han tratado insistentemente de presentarse como preocupados por los trabajadores y salvadores de ellos en la coyuntura de problemas económicos generados por la pandemia del coronavirus, la representación que han hecho en este deslucido papel no ha pasado de ser una vulgar engañifa y así ha sido percibida en diferentes ámbitos de opinión pública.

Como han advertido diferentes sectores de la vida nacional, la manoseada fórmula del 30 por ciento es un fraude mal disimulado, ya que, de aplicarse, asestaría un duro golpe a la clase trabajadora en lugar de beneficiarla, en vista de que la pondría a pagar con sus propios ahorros el costo económico de la pandemia del coronavirus, por lo que dispondrá de menos dinero al momento de su retiro de la actividad laboral.

Reputados economistas y sindicalistas que representan el sentir de los trabajadores y que visualizan la actual problemática en todas sus vertientes, han afirmado insistentemente que es al Estado a quien corresponde asumir el costo de la pandemia, sin que ello entrañe algún perjuicio o inconveniente a los trabajadores.

Si en realidad se persigue que haya más y mejores pensiones para los trabajadores que llegan al final de su vida laboral productiva, lo prudente y sensato es promover un cambio a la Ley actual, a los fines de alcanzar una verdadera conquista social que no se quede en fallidas teorías.

En lugar de dejarse persuadir por engaños, las fuerzas vivas de la nación deben dirigir sus mejores esfuerzos y recursos en torno a tres grandes pilares que, de ser aplicados de forma exhaustiva y eficaz, producirían apreciables mejoras en las pensiones, extendiendo la protección de las mismas y contribuyendo notablemente al desarrollo económico y social del país.

Conforme a ese planteamiento, a todas luces claro y atendible, para el mejoramiento de las pensiones es necesario establecer un verdadero sistema de pensiones mínimas, vincular la edad de retiro a las mejoras demográficas de longevidad y promover un incremento del ahorro para lograr una mayor pensión.

Asimismo, se impone facilitar a las empresas y trabajadores el tránsito a la formalidad, combatiendo de este modo la informalidad, considerada como una auténtica lacra del sistema, además de permitir que se afilien a la Seguridad Social los independientes o aquellos que trabajan por cuenta propia.

Para alcanzar un mejoramiento apreciable y sustentable en el actual sistema, el tercer pilar de la propuesta plantea una mayor diversificación de las inversiones y establecer una estructura más flexible para ampliar las posibilidades de hacer inversiones con facilidades más atractivas.

Más claramente, la idea es desoír por completo las propuestas disparatadas que sólo conducirían al caos y en su lugar, ponderar de forma concienzuda los planteamientos realmente sensatos, a los fines de llegar a soluciones auténticamente beneficiosas para la clase trabajadoras y todos los actores del sistema.

Ha quedado más que demostrado con señalamientos muy precisos y convincentes, que disponer de parte de los fondos de pensiones provocaría un trastorno mayúsculo en el país, ya que afectaría la economía a través de una forzada emisión monetaria, además de una imparable oleada inflacionaria.

Uno de los principales argumentos expuestos en contra reside en que su materialización sería inviable, ya que el Estado dominicano quedaría desprovisto de recursos por la enorme descapitalización que supondría una desinversión de RD$173,000 millones, que es lo que equivalen el 30% del dinero de los trabajadores en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En Números

716
Mil millones
Es el total del fondo de pensiones acumulados en las AFP hasta marzo.

173
Mil millones
Sería en monto a erogar si aprueban el 30% del total del fondo.

EL DATO

Distribución
Los aportes acumu lados corresponden al 71,21% de los empleados y el 28,79% de los trabajadores, lo que suma un total de 569 mil 926 millones.

Por: jose antonio torres
josetorres60@ hotmail.com