Las distintas auditorías a las instituciones durante la pasada gestión no dejan de plantear conjeturas en torno a los objetivos. Las que efectuará la Contraloría General de la República no tienen la misma dimensión que las solicitadas a la Cámara de Cuentas.

Las primeras son para conocer la realidad administrativa y financiera de las instituciones, pero las segundas son una clara vocación de accionar ante los tribunales.

Las auditorías solicitadas por el Ministerio de Obras Públicas a la Cámara de Cuentas sobre las construcciones de Odebrecht, la inversión de 11,500 millones de pesos en la adquisición de asfalto y la autorización para el aeropuerto de Bávaro persiguen fines judiciales.

En las construcciones de Odebrecht se citan sobrevaluaciones para compensar sobornos, mientras que sobre la terminal aérea, que puede ser muy importante para el desarrollo, se aduce que carece de estudios ambientales, entre otras violaciones.

La operación sobre el material asfáltico, denunciado como violatoria de la ley de compras y contrataciones públicas, tampoco ha sido aclarada. Es obvio que las auditorías persiguen distintos fines. Pero que se hagan.