Bomba

El Poder Ejecutivo enviará mañana al Senado el proyecto de Reforma Fiscal, en medio de un ambiente de controversia, confusión y desaliento que obliga al Poder Legislativo a promover una necesaria avenencia o mínimo consenso que no pudo lograrse en  el Consejo Económico y Social (CES).

Aunque el presidente Danilo Medina ha encaminado diálogos marginales con   algunos sectores empresariales, el rechazo que ha concitado en el seno de la CES el ramillete  de  tributos incluidos en esa iniciativa oficial, hace imperativo que  las  diligencias dialogantes se aniden esta vez en el Congreso.

Al Gobierno no le conviene  asumir  en solitario o con algunas adhesiones de última hora, las consecuencias de un proyecto de esa magnitud, que en ningún modo  puede ser refrendado por las cámaras legislativas con  el pernicioso  sello de la unilateralidad.

El empresariado está compelido a abandonar todo camino  conducente a la radicalización o irracionalidad, porque no sería posible pretender que   se apruebe una reforma fiscal sólo  con  el aliciente de la reducción del gasto público en casi cien millones de pesos, sin que ese sector aporte sacrificios por el lado del ingreso.

Gobierno, sector privado, sociedad civil y población en general no deberían desaprovechar la oportunidad de crear, mediante un instrumento de ley que sea producto del más amplio consenso, las bases de una nueva fiscalidad, racionalización y calidad del gasto, que sirva de soporte al desarrollo armónico de la nación.

El astronómico monto del déficit fiscal consolidado (185 mil millones de pesos) constituye una bomba de tiempo  que puede explotar en cualquier momento y llevarse por delante la vulnerable sostenibilidad económica y gobernabilidad política, por lo que debe ser desactivado con el concurso de todos los sectores de la sociedad.

Habrá tiempo para  identificar culpables, si es que los hay, o para  justificar las causas de  tan agobiante estrés fiscal, pero lo  imperativo ahora es que Gobierno, Congreso, fuerzas productivas y sociedad civil procuren  alcanzar   algún tipo de acuerdo antes de la campanada de medianoche.

Sería poco más que una tragedia si el Gobierno intenta llegar solo  al Congreso, pero peor sería si  el sector empresarial, con presión exagerada, llega a romper la cuerda del  entendimiento. En ambos casos, todos pierden.