Santo Domingo.– Un tribunal de Santo Domingo Este dictó 20 años de prisión contra Johansel Estiven Pérez, tras acoger la solicitud del Ministerio Público, que lo responsabilizó de la agresión cometida contra una adolescente de 13 años en enero de este año.
El fiscal litigante Ignacio Rojas indicó que el procesado violó disposiciones del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, así como artículos de la Ley 136-03, que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El expediente presentado por la fiscal investigadora Maribel Fernández establece que el 15 de enero de 2025 el padre de la menor denunció que el acusado presionaba a la adolescente para participar en actividades ilícitas junto a otros dos individuos y que, además, la acosaba y amenazaba cuando ella se dirigía a la escuela, situación que culminó en la agresión.
El Ministerio Público sustentó el caso con evaluaciones psicológicas, así como pruebas testimoniales, periciales y documentales, que confirmaron los hechos imputados.Noticias relacionadas
Condenan a 20 años
El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, integrado por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, ordenó que Pérez cumpla la condena en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
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Antecedentes
En la República Dominicana, la protección de niños, niñas y adolescentes es una prioridad jurídica y social respaldada por un conjunto de leyes que establecen sanciones severas para quienes vulneran sus derechos.
Entre estas normativas destacan la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley 24-97, que modifica el Código Penal para fortalecer las medidas contra la violencia basada en género y contra menores de edad.
Durante los últimos años, el Ministerio Público ha reforzado sus mecanismos de investigación y persecución de delitos que afectan a la niñez, implementando protocolos especializados que incluyen evaluaciones psicológicas, peritajes, entrevistas protegidas y acompañamiento integral a las víctimas y sus familias.
Capacidad del sistema
Este fortalecimiento institucional ha permitido elevar la capacidad del sistema para presentar pruebas sólidas ante los tribunales.
Asimismo, los tribunales colegiados han mantenido una línea de decisiones firmes en casos donde se demuestra la responsabilidad penal de los acusados, imponiendo condenas que buscan tanto la protección de las víctimas como la prevención de futuras agresiones.
Este tipo de sentencias responde al compromiso estatal de garantizar entornos seguros para la población infantil y adolescente, en consonancia con estándares internacionales de derechos humanos.
