El acuerdo suscrito entre Estados Unidos y República Dominicana para compartir los bienes confiscados a narcotraficantes es de gran significación en la lucha por el tráfico internacional de drogas que se ha convertido junto al terrorismo en el flagelo de mayor peligro para la humanidad.

Ese convenio con carácter de reciprocidad, firmado por el fiscal general estadounidense, Eric Holder, y el procurador general, Radhamés Jiménez Peña, permitirá coordinar acciones para detectar fortunas acumuladas por vía de lavado de dinero o cualquier acto criminal derivado del tráfico de drogas.

La lucha contra el narcotráfico y delitos conexos ha sido declarado por diversas convenciones internacionales, de las cuales el Gobierno dominicano es signatario, como crimen de lesa humanidad, lo que en términos de persecución penal derriba fronteras jurisdiccionales, por lo que un caso de tráfico de drogas detectado en cualquier parte del mundo, es también competencia de autoridades dominicanas.

Aunque el Departamento de Justicia estadounidense ha compartido con el Ministerio Publico dominicano la adjudicación de dinero y bienes ilícitos por más de siete millones de dólares, el pacto suscrito garantiza que los bienes confiscados por expedientes criminales que tengan ramificaciones en ambas jurisdicciones serian compartidos en los términos acordados.

Se resalta que todas las ganancias derivadas del fraude y robo serán devueltas por Washington y Santo Domingo para resarcir a las víctimas, lo que también genera una efectiva fuente de derecho que puede ser invocada por ciudadanos ordinarios, además de que no será necesario suscribir acuerdos individuales cada vez que se detecten bienes provenientes del narcotráfico.

El acuerdo entre el procurador general dominicano y el fiscal general de Estados Unidos representa un reconocimiento por parte de las autoridades estadounidenses a la labor que realiza su contraparte nacional en el combate al tráfico internacional de estupefacientes, a pesar de que la ayuda de Washington en materia de equipos para afrontar ese flagelo es aun insignificante.

Por su ubicación geográfica respecto a Estados Unidos, principal mercado mundial de consumo de drogas, República Dominicana se ha convertido en puerto de trasbordo de exportadores suramericanos de cocaína, razón por la cual las autoridades antidrogas de aquí requieren de mayor respaldo financiero y logístico de sus homólogos estadounidenses.

Ojalá que ese acuerdo para compartir bienes confiscados a narcotraficantes constituya la primera señal contundente de que Washington prestará decidida cooperación a República Dominicana para poder combatir con eficiencia y eficacia el creciente tráfico de drogas, cuyo destino principal siempre ha sido Norteamérica.