Una veintena de senadores demócratas y republicanos acordaron elaborar un proyecto de ley para restringir acceso y tenencia de armas de fuego y promover inversiones en salud mental y seguridad escolar, con lo que se derribaría la infranqueable muralla del disenso en Estados Unidos.

Aunque el presidente Joe Biden aspira a leyes más restrictivas sobre porte y tenencia de pertrechos militares, y el liderazgo republicano plantea respeto a la Segunda Enmienda constitucional que protege ese derecho, en el Senado estadounidense se procura algún acuerdo posible.

Ese ejemplo de concertación en medio de posiciones radicales sobre un tema altamente conflictivo debería ser imitado en el Congreso de República Dominicana, donde varios proyectos de altísima trascendencia están congelados por falta de consenso político.

Diez senadores demócratas y otros diez republicanos emprendieron la tarea de suplir ausencia de voluntad política de sus respectivos liderazgos para promover una iniciativa legislativa que disminuya la espiral de violencia que abate a Estados Unidos.

El acuerdo que promueven liberales y conservadores incluye promover leyes estatales que permitan a la policía o a familiares limitar por orden judicial el derecho a la tenencia de armas de cualquier individuo potencialmente peligroso, así como ampliar las consultas sobre salud mental a menores de 21 años.

Para poder arribar a ese punto de inflexión en el diálogo político, la sociedad estadounidense tuvo que ser convulsionada por la masacre perpetrada por un estudiante en una escuela de Uvalde, Texas, donde mató a 19 alumnos y dos profesores.

No debería esperarse la ocurrencia de tragedias para que legisladores oficialistas y de oposición unifiquen criterios en la dirección de destrabar proyectos o elaborar iniciativas congresuales que ayuden a afrontar situaciones derivadas de crisis económica y rebrote de delincuencia y criminalidad.

Estados Unidos tendrá en noviembre comicios de medio término, para renovar una parte del Congreso, gobernadores y legislatura estatal, lo que no impide ese acuerdo bipartidario. Aquí, la campaña electoral no debería ser obstáculo para que Gobierno y oposición mercadeen sensatez y buen juicio.