La colocación de localizadores telemáticos para los acusados de violencia física o de género es una saludable contribución para por lo menos reducir la plaga de los feminicidios y los abusos.

Igualmente importante es que la iniciativa del senador Franklin Romero contempla que el costo de los dispositivos lo cubran los acusados.

La realidad es que las órdenes de alejamiento, sobre todo contra los acusados de violencia de género, han tenido muy poco efecto en la lucha contra los feminicidios.

El Senado conoce un proyecto que modifica el Código Penal en lo concerniente a las órdenes de alejamiento para asegurar el distanciamiento y protección de las víctimas de violencia física.

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A la pieza Romero ha propuesto que se le agregue la colocación del dispositivo a los acusados como un instrumento para seguirles los pasos.

El legislador explicó que el dispositivo no es más que un instrumento de monitoreo que se puede usar como brazalete, pulsera, tobillera o de alguna otra forma que se conecta a una red telefónica que posee tecnología de GPS. O sea, que no se trata de una tecnología compleja. Los senadores deben ponderar el proyecto de ley.