La justicia con la regulación del trabajo doméstico no es lo que está en discusión, sino los cabos sueltos que rodean la decisión del Gobierno.

La decisión, que eleva a 10 mil pesos el salario de los trabajadores domésticos, no será tan fácil de aplicar por la ausencia de contratos en el servicio.

Son contadas las familias que legalizan un servicio que de acuerdo con entidades como Participación Ciudadana también ha debido efectuarse por ley.

El Ministerio de Trabajo tiene que afinar bien la decisión para que los trabajadores gocen de los beneficios que se les otorga. Hoy, por la diversificación de la tarea, muchos trabajadores prestan servicios en diferentes residencias, porque de esa manera ganan más dinero.

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El caso de las domésticas que viven en las residencias donde trabajan se ha reducido significativamente. Es más un asunto del pasado.

La regulación del servicio es un gran paso, toda vez que los trabajadores gozarán de un salario mínimo, seguridad social, pensión solidaria y otros beneficios, pero de no atarse los cabos sueltos la decisión está supuesta a quedar como una declaración de buenas intenciones. Y se supone que ese no es el propósito.