La Asociación de Inspectores de Trabajo de República Dominicana interpuso hoy un recurso contencioso administrativo por ante el Tribunal Superior Administrativo contra el ministro de Trabajo, Miguel De Camps, por alegados maltratos e incumplimiento de pagos de más de 600 millones de pesos.

En la demanda de responsabilidad patrimonial de 134 servidores reclaman que se respete la escala salarial o reajuste salarial, el pago de viáticos y que se respete la Convención 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De acuerdo a la demanda el Ministerio de Trabajo adeuda 35 millones 880 mil pesos de pago retroactivo salarial, 121 millones 124 mil 840 pesos de pago retroactivo por concepto de viáticos por incumplimiento de una resolución del Ministerio de Administración Pública y 348 millones que deben recibir los inspectores de Trabajo por lo que solicitan al tribunal condenar a dicho ministerio y a su titular De Camps.

La demanda fue interpuesta a través de los abogados Oliver Moisés Batía Burgos y Ángelo Ramos Santana, quiénes solicitan al TSA condenar al Ministerio de Trabajo al pago de 39 millones por los daños y perjuicios ocasionados por violación a los derechos fundamentales.

También que sea condenado al pago de 87 millones de pesos debido a que han hecho uso del sustento familiar para solventar u realizar los trabajos de representación, supervisión e inspección ya que no cumple con el pago de los viáticos correspondientes.

El abogado Batía Burgos dijo que los representantes locales del Ministerio de Trabajo son trasladados de forma irregular sin ningún tipo de parámetro desde Duvergé hacia Nagua, región sur a la región noroeste.

Desde San Francisco de Macorís a Higüey, desde Santiago a Montecristi, y que a pesar de no pagarle el salario completo dispersa a los representantes locales.

Dijo que el ministro de Trabajo tampoco reconoce la tabla de dietas y viáticos establecida por el Ministerio de Administración Pública.

Explicó que los representantes locales del Ministerio de Trabajo llevan entre 30 y 20 años laborando en esa dependencia han tenido que sustentar bajo su propio costo que algunos duran hasta seis y cinco horas para llegar al lugar donde fueron trasladados.

“En el país hay unos 190 inspectores de Trabajo y de ellos 174, todos servidores públicos de la carrera administrativa, nos han dado la representación para este recurso judicial. De lo que se trata es de denunciar los abusos cometidos en la gestión del señor Luis Miguel De Camps García, quien les ha dejado de aplicar aumentos salariales, ha ignorado las nuevas escalas de sueldos, ha incumplido el pago de viáticos, también perjuicios con el seguro médico, reducción de valor a las futuras pensiones, ha violado normas internacionales de la OIT y los ha sometido a traslados forzosos hasta de una región para otra”, detalló Batía.

El jurista alegó que se calculan en más de 600 millones de pesos los recursos dejados de entregar a estos servidores públicos y que los traslados han traído la separación de familias y descuido de niños que no tienen que pagar por la situación denunciada.