Revocar el inconstitucional aumento de sueldo que había aprobado para sus miembros no restaura el daño que infligió a su imagen la Cámara de Cuentas.

Inconcebible que la entidad que vela por la observación de las normas administrativas y financieras de las entidades públicas desconociera la violación en que incurría con el aumento de un 50 % de los salarios de su presidenta y demás miembros.

Con la decisión, sin importar que se aprobara en una coyuntura tan inapropiada, la moral del organismo fiscalizador del uso de los recursos públicos ha quedado en entredicho.

Aunque sea una estocada que en un momento en que se demanda control del gasto entre las medidas para amortiguar la crisis del petróleo, servidores se despachen con aumentos salariales.

Para colmo de males no existe la menor justificación que avalara el incremento salarial.

Se supone que la presidenta Emma Polanco y los demás miembros conocían las condiciones económicas y la magnitud de la labor que desempeñarían al optar por los puestos.

Para liberarse de la mancha, si es que pueden hacerlo, los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas tendrán que desplegar la más eficiente y transparente de las labores.

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Si no pueden cumplir con la fiscalización y ejecución de auditorías con la más alta eficiencia, entonces que tengan el valor de renunciar a sus cargos.

Destinada a ser revocada por los tribunales, lo más atinado era dejar la decisión sin efecto, sin dejar de reconocer que el daño está hecho.