Janel Andrés Ramírez Sánchez
En el epílogo de la investigación sobre la crisis en la Cámara de Cuentas han aflorado asuntos personales como causa de la inercia en el organismo para cumplir su misión de fiscalizador de los recursos públicos.
No se puede descartar la malquerencia e incluso la ausencia de criterio gerencial, pero es obvio que el conflicto que ha paralizado y desacreditado la entidad va mucho más allá de asuntos personales.
El caso tiene muchas aristas, como el blindaje de las actas de las sesiones del pleno, que deberían despejarse con la investigación que se ha iniciado.
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Tanto la comisión legislativa que investiga los problemas en el órgano como la propia Cámara de Diputados tienen que actuar con la mayor responsabilidad.
No basta con que la secretaria Tomasina Tolentino de Makenzie alegue que el problema radica en las supuestas vejaciones a que ella y otros miembros son sometidos por el presidente Janel Ramírez. Tiene, por demás, que sustentar la acusación con pruebas verificables.
Aunque Ramírez lo ha negado, de todas formas tiene que establecerse la verdad al respecto. Ramírez se ha quejado de que lo han dejado solo en los casos de corrupción y de que lo han bloqueado en la reestructuración de las áreas fundamentales de la Cámara de Cuentas.
Es difícil extirpar el interés político de la decisión final, pero los legisladores darían un gran paso si en la evaluación colocan en primer plano el sistema institucional.
