El presidente de la Cámara de Cuentas confirmó hoy que verificarán más de 2,200 declaraciones juradas que han presentado funcionarios entrantes y salientes del Gobierno, con el objetivo de determinar informaciones desproporcionadas y no justificadas.
El licenciado Hugo Francisco Álvarez Pérez comunicó que el pleno aprobó examinar el 50% de las declaraciones juradas presentadas y en la mañana de hoy iban 4,400.
Se informó que el proceso de verificación incluye inspección y análisis de las declaraciones juradas de patrimonio, lo cual es un examen de la comparación y evaluación de las evidencias que respaldan la declaración depositada en esa institución tales como documentos soportes, operaciones y registros.
Los trabajos de investigación los llevarán a cabo la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de la institución, pero el es trabajo tendrá carácter confidencial y los resultados de los mismos serán dados a conocer por la Procuraduría General de la República, que preside la magistrada Miriam Germán Brito, según comunicó el presidente de la Cámara Cuentas.
Dijo que el procedimiento que se llevará a cabo con las declaraciones juradas fue aprobado por el pleno de la Cámara de Cuentas ayer martes y los trabajos se harán en consultas con la Dirección de Impuestos Internos, Superintendencia de Bancos, Jurisdicción Inmobiliaria y otros estamentos del Estado.
Declaraciones
A las 10:15 de la mañana el presidente de la Cámara de Cuentas salió de su despacho a entregar en la Procuraduría General de la República el listado con los 1,700 funcionarios que no habían presentado la declaraciones juradas, pero primero tenía contemplado hacer una parada.
En la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) en la Zona Universitaria, ya que gran parte de las personas que no han hecho la declaración son funcionarios municipales.
UN APUNTE
Fuera de plazo
Continuaban en la mañana de hoy depositando en la Cámara de Cuentas declaraciones juradas de bienes por parte de funcionarios procedentes desde distintos lugares del país, cumpliendo con el mandato de la Ley 311-14 que ordena que los funcionarios entrantes y salientes del Gobierno tienen 30 días para hacer su declaración de bienes.
