En casi dos décadas, la Cámara de Cuentas (CCRD) ha estado sometida a escándalos constantes que van desde denuncias de acoso sexual, juicios políticos, impunidad y renuncias de sus miembros, aumentos desproporcionados de salarios, retraso de auditorías y allanada por el Ministerio Público.
Este ente fiscalizador, llamado a velar por la transparencia en el manejo del dinero público, ha sido todo lo contrario en su ejercicio de los últimos 18 años, dejando una estela de duda social y falta de credibilidad.
Tras grandes cuestionamientos públicos, la CCRD dejó sin efecto ayer la resolución ADM-2026-017, emitida el 13 de marzo de 2026, mediante la cual se disponía un aumento de beneficios para los cinco miembros del pleno, compuesto por Emma Polanco (presidenta), Francisco Tamárez Florentino (vicepresidente) y los miembros nominales Francisco Franco Soto, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.
La decisión del órgano, creado desde la fundación de la República en 1844, fue comunicada al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien valoró la rectificación como un acto de «mea culpa» y responsabilidad pública.
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El primer gran escándalo ocurrió bajo la gestión de Andrés Terrero, tras denuncias de irregularidades administrativas y un polémico incremento salarial que los propios miembros se adjudicaron, el Congreso Nacional, órgano constitucionalmente hábil para ello, inició un proceso de juicio político.
Para evitar su destitución formal, ocho de los nueve integrantes presentaron su renuncia, excepto Alcides Benjamín Decena Lugo, quien optó por someterse al escrutinio del Senado, entidad llamada no solo a destituir al Pleno, sino también a designarlo.
Dimitieron: Andrés Terrero, el vicepresidente Henry Mejía, José Maceo, Freddy Almonte Brito, Luis Yépez Suncar, Julio De Beras, Emilio Rosa y José Gregorio.
Fruto de lo sucedido el año anterior, en el 2009, cuando la Asamblea Nacional, en funciones de Revisora, se reunió para modificar la Constitución, se redujo de nueve a cinco los integrantes de la Cámara de Cuentas.
El periodo 2010-2016, con Licelot Marte de Barrios como presidenta, se mantuvo en un perfil bajo y de escepticismo por los cuestionamientos anteriores. La institución mantuvo una presencia constante en los medios, sin embargo, la credibilidad se vio afectada por la falta de consecuencias legales derivadas de sus informes.
Esta gestión estuvo compuesta, además, por Pablo del Rosario (vicepresidente), Pedro Ortiz (secretario) y los miembros Juan Luis Séliman y Alfredo Luján.
Cámara
El pleno de la Cámara de Cuentas que abarcó el periodo 2016-2020, pero que permaneció hasta abril de 2021, por el cambio del Poder Ejecutivo, fue muy cuestionado y polémico porque, alegadamente, se «maquillaban» las auditorías en favor de funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El descontento no fue solo político, sino que escaló al plano legal a través de la denominada Operación Caracol, ejecutada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que realizó un allanamiento en la sede.
Esta gestión estuvo integrada por Hugo Francisco Álvarez Pérez (presidente), Pedro Antonio Ortiz Hernández (vicepresidente), Carlos Noés Tejada Díaz (secretario), Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera (miembros titulares).
De redentores a fraude
Con la llegada de Janel Andrés Ramírez Sánchez, Elsa María Catano Ramírez, Tomasina Tolentino de Mckenzie, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña, la sociedad los percibió como los «redentores» de la moral en la CCRD.
No obstante, el escándalo más mediático involucró directamente al presidente, Janel Ramírez, quien fue denunciado en 2022 por dos empleadas del área jurídica por presunto acoso sexual y laboral.
El caso llegó hasta la justicia, pero el Ministerio Público procedió a archivar de manera definitiva el proceso bajo la premisa de que, según las informaciones y evidencias analizadas, no se configuraba el tipo penal de acoso sexual establecido en el artículo 333-2 del Código Penal Dominicano.
Esa decisión fue confirmada por la jueza de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Vanesa Acosta.
