El nacimiento de la primera Constitución de la República fue producto de un parto doloroso, como presagio del tortuoso y accidentado camino que todavía se recorre hacia el anhelado estadio de democracia plena, interrumpido en muchos tramos de la historia por filibusteros de la ambición política y económica.

Los 28 diputados que integraron la Asamblea Constituyente que inició sesión en San Cristóbal el 24 de julio de 1844, estuvieron virtualmente secuestrados por el general Pedro Santana, caudillo independentista que llegó a adueñarse del Poder.

Esa Asamblea tuvo también la condición de Congreso ordinario a cargo de aprobar o rechazar proyectos enviados por el Ejecutivo, hasta tanto la República quedara formalmente habilitada por vía de la Carta Magna que se votaría.

Ese congreso rechazó por demasiado usurario y excesivamente perjudicial para la nación un empréstito por un millón 500 mil libras esterlinas, concertado por la Junta Central Gubernativa con el mercader inglés Herman Hendrik, lo que provocó la ira del general Pedro Santana, quien asumió por decreto todos los poderes.

A partir de ese momento, sobre los asambleístas pendía la amenaza de declararlos traidores a la patria, que suponía el fusilamiento o destierro, lo que permitió a Santana imponer el indeseado artículo 210 (a verdad sabida, buena fue guardada), que amparó sus poderes dictatoriales.

Puede decirse que la primera Constitución de la República vio la luz con la bayoneta al cuello y que su destino inmediato fue convertirse en simple pedazo de papel, porque años después el general Santana se amparó en ese texto para abdicar la soberanía nacional ante la Corona española a cambio de título nobiliario.

El 25 de enero de 2010 la Asamblea Constituyente votó una nueva Constitución, que según sus auspiciadores contiene instituciones, derechos y deberes de última generación, pero al igual que la del 1844, padece de vicios de consentimiento y no ha sido plenamente acatada ni observada por Gobierno ni clases dirigentes.

Al cumplirse hoy el 168 aniversario de la primera Constitución de la República, a lo que se aspira es a que ese estatuto cumpla su función de garante del Pacto Social y que sobre sus estatutos se erija un auténtico régimen de derecho, basado en justicia, equidad y cumplimiento de la ley.