El alcalde de San Francisco de Macorís y candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Félix Rodríguez Grullón, enviado a juicio de fondo, acusado de malversar más de $500 millones del cabildo, está protegido por la Constitución y la Ley Electoral por lo que no podrá ser sacado de la boleta electoral a menos que sufra una condena irrevocable en los tribunales.
En tanto que el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, consideró hoy que el funcionario municipal debe cesar en sus funciones, alegando que ya fue sometido a la Justicia. Domínguez Brito expresó que la Ley 176-07 establece en su artículo 44 que los alcaldes deben cesar en sus funciones cuando se presenten casos como el que involucra a Rodríguez Grullón.
“Estamos ante un grave caso de corrupción en donde el dinero del erario, según las investigaciones, ha sido utilizado de forma incorrecta en detrimento del Estado dominicano”, manifestó. El artículo 22 de la Constitución de la República consagra el derecho ciudadano de elegir y ser elegido.
El artículo 24 de la Carta Magna estable que un ciudadano sólo pierde sus derechos a elegir y ser elegido en caso de sufrir una condena irrevocable a pena criminal, hasta el término de la misma.
En tanto que, el artículo 75 de la Ley Electoral, 275-97, indica que una vez que la Junta Central Electoral (JCE) admite una candidatura, no podrá ser retirada a menos que el candidato renuncie, muera o quede incapacitado.
“Admitida una candidatura, no podrá ser retirada ni rectificada por el partido o la agrupación que la hubiere presentado, salvo el caso de que uno o varios de los candidatos comprendidos en ella renunciaren, fallecieren, quedaren incapacitados o fueren rechazados”, expresa la Ley Electoral.
Esta semana la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo dictó apertura a juicio de fondo al citado alcalde y a un grupo de funcionarios bajo su dependencia.
La decisión fue adoptada por el tribunal, presidido por el magistrado Manuel del Socorro Pérez, luego de revocar el auto de no ha lugar emitido en favor del alcalde por el juez de la instrucción especial de la Corte de Apelación, Víctor Mejía Lebrón, el 27 de marzo del 2015.
El tribunal adoptó la decisión tras acoger un recurso de apelación presento por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que preside la magistrada Laura Guerrero, en contra de la decisión que exoneraba de toda responsabilidad penal al alcalde da San Francisco de Macorís.
El año pasado, a petición de la Procuraduría General de la República, un juez dispuso el arresto del alcalde Rodríguez Grullón, pero posteriormente fue puesto en libertad por el juez Mejía Lebrón, tras el pago de una garantía económica. A pesar de ese historial, el PLD inscribió al funcionario municipal como candidato a diputado por San Francisco de Macorís.
