trato igualitario

Señor director:

Miles de educadores jubilados y pensionados del Estado están exigiendo trato igualitario entre servidores con iguales derechos adquiridos. Alegan que han sido excluidos de los beneficios de un decreto del Presidente Danilo Medina, que ordena un 10% de aumento al salario de los maestros/as jubilados y pensionados, efectivo al mes de enero pasado.

La discriminación contra ese personal consiste en haberle aumentado a los pensionados y jubilados del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, Inabima, y no aplicárselo a los de Hacienda, (antes Secretaría de Finanzas), institución facultada para pensionar o jubilar a los servidores públicos de acuerdo a la ley.

Los maestros/as excluidos del decreto del Presidente Medina, visiblemente inconformes, atribuyen a un error, omisión involuntaria o negligencia de alguna dependencia del gobierno con autoridad para lidiar o aplicar ese tipo de disposición, aún cuando estas se desligan de la discriminación ocurrida contra ese personal pensionado y jubilado por el Ministerio de Hacienda, y peor aún, sus funcionarios no han sido receptivos para mediar ante la distorsión que afecta a aquellos exservidores del sistema educativo.

Muchos de los reclamantes han ocupado los diversos cargos del organigrama de la cartera educacional desde maestros de aulas hasta subsecretarios. Se trata de educadores que sirvieron hasta por 45 años, lo cual contraviene el bien ganado trato que deberían recibir de la Presidencia de la República, del Ministerio de Educación y de otras dependencias.

Los reclamantes han tocado en vano las puertas de: Hacienda, Inabima, ADP y Educación. Agradecen a cualquier funcionario, político, familiar o amigo del Presidente Medina, mediar para contribuir a resolver esta distorsión. Al hablar con algunos de ellos calificaron de incongruente que el decreto los omitiera, precisamente a ellos que devengaron salarios sumamente deprimidos y con muy precarias condiciones de trabajo, cuando la vocación era la regla y no la excepción. Se trata de un pírrico aumento que aporta muy poco a la calidad de vida de los pensionados y jubilados, sobre todo del Ministerio de Hacienda, pero reconocen como un gesto del Presidente, acercarse a la ley 66/97 que manda a ser revisada cada tres años e indexar a los educadores retirados, por lo que, esta discriminación es violatoria a la misma ley.

Atentamente,

Lic. Santiago Martínez