El Tribunal Colegiado de Primera Instancia de San Cristóbal, impuso condena de prisión y multa contra dos ex alcaldes y otros tres funcionarios del Ayuntamiento de San José del Puerto, al encontrarlos culpables de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, en el ejercicio de sus funciones, en audiencia y sentencia pocos frecuentes en los tribunales de la nación.

Los inculpados seguramente recurrirán el fallo emitido por los magistrados Miguel Angel Guiliani Disla, Pedro Marcial Ramírez y Carmen Peña, pero aun así, esa condena debería tener efectos disuasivos frente a quienes administran recursos públicos.

En ningún modo la decisión de esa Corte debería pasar inadvertida, por el contrario, se requiere que sus consecuencias sean también demostrativas de una todavía no identificada voluntad expresa del Ministerio Público y del orden judicial, de perseguir y castigar los crímenes y delitos contra el erario.

El tipo de sentencia evacuada el viernes por el Tribunal Colegiado, figura como planta en desierto, porque si los sometimientos por corrupción se correspondieran con el rumor público, los tribunales estuvieran congestionados de casos como ese.

La mentada Dirección Nacional de Persecución a la Corrupción Administrativa ha sido siempre figura decorativa de un Ministerio Público temeroso de cumplir con su obligación de indagar, perseguir y someter a los tribunales a cualquier mortal que incurra en prevaricación.

Es penoso que después de dos reformas judiciales y de otras que involucran al aparato administrativo del Estado, se resalte un caso aislado de condena a prisión o multa a funcionarios de un pequeño distrito municipal, encontrados culpables de corrupción.

Se ha dicho, sin aparente argumentos para contrastarlo, que condenas por crímenes mayores de prevaricación han sido impuestas más por la presión de organismos internacionales que por la voluntad de propios jueces y fiscales.

La sentencia de la Corte de San Cristóbal se resalta con sólo ánimo de advertir que los que hoy incumplen con su deber de perseguir, juzgar y condenar los actos de corrupción, mañana pueden estar en el banquillo de los acusados para responder ante la justicia por los crímenes de venalidad y complicidad.