El Ministerio Público no pudo sustentar con pruebas convincentes el expediente sobre la corrupción en la Omsa y el asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez, pero aún así la sentencia sobre ambos casos deja mucho que desear.

La decisión de las magistradas Clarivel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo se parece a la del caso Odebrecht, en que se condenó a uno de los imputados por sobornar pero sin identificar a los sobornados, y a otro por un delito que no figuraba en el expediente.

Las juezas determinaron que el imputado Argenis Contreras fue el único participante en el secuestro y asesinato de Ramírez, cuyo cadáver fue encontrado el 12 de octubre de 2017 en una cañada de Manoguayabo, atado con una cadena y con un block encima.

Los familiares de Ramírez aducen que el expediente fue elaborado para encubrir a los culpables del crimen. Contreras, quien se desempeñaba como encargado de compras de la Omsa en la gestión de Manuel Rivas, fue condenado a 20 años de prisión y no a los 30 que había pedido el Ministerio Público.

Por aparente falta de confianza la Procuraduría General de la República decidió llevar el caso, quitándoselo a la Fiscalía del Distrito Nacional.

Al margen de si el expediente estuvo o no bien sustentado cuesta aceptar que el asesinato de Ramírez pudiera ser planificado y ejecutado por un empleado de la Omsa, en medio de los escándalos de corrupción que se aireaban, pero que según las titulares del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional no se pudieron probar.