Las empresas generadoras de electricidad han advertido que no renegociarán los contratos de compra y venta de energía, bajo el argumento de que son resultado de licitaciones públicas internacionales; intransigente respuesta al pedido del Gobierno para que se firme un pacto que garantice transparencia entre intervinientes de la industria eléctrica.

Antes de arrojar ese cubo de agua helada a la anunciada iniciativa oficial de promover revisión de los contratos de generación eléctrica, la asociación que agrupa a esas empresas debió recordar que en otras ocasiones el Gobierno ha promovido modificación de esas convenciones, como la reforma que sirvió de base para extender su vigencia hasta 2016.

El director de la Asociación de la Industria Eléctrica (Adie), Milton Morrison, parece haber recibido el mandato de cerrar de antemano cualquier posibilidad de que se produzca un ejercicio dialogante basado en la sanidad jurídica y en la salvaguarda de los intereses de la población representados por el Estado, que por demás es socio a partes iguales en el negocio de la generación eléctrica.

Se interpreta como burdo chantaje la advertencia del señor Morrison, de que más pierde República Dominicana en términos de imagen si trata de violentar los acuerdos firmados, lo que perjudicaría la estabilidad macroeconómica y alejaría la inversión extranjera.

Lo que el Gobierno procura con la propuesta de pacto eléctrico no es conculcar derechos adquiridos, sino de subsanar situaciones que lo perjudican en su condición de socio, así como a otros intervinientes como las empresas distribuidoras que antes formaban parte de la iniciativa privada, pero que una vez quebradas por esa relación desigual, fueron endosadas al Estado.

Por la propia dinámica de la economía, a que hace referencia el director ejecutivo de Adie, se requiere revisar los contratos de compra y venta de energía, la fórmula de fijación de precios y otras situaciones irregulares que prevalecen en el negocio eléctrico, caracterizado hoy por formas de oligopolio, monopolio y prácticas desleales de comercio.

A lo que se aspira es a que el presidente Danilo Medina no acepte ninguna forma de intimidación y que prosiga con la imperiosa encomienda de procurar la revisión de todos los asuntos relacionados con el sector eléctrico que se crean anormales o que padezcan de vicio de consentimiento.

Esta vez, la sociedad toda aplaudiría si el Gobierno acude al arbitrio internacional, si persiste la negativa de las empresas generadoras de electricidad de emprender un ejercicio dialogante para poner todas las cuentas claras y conjurar el indeseado escenario donde unos ganan muchos y otros pierden demasiado.