Santo Domingo.– Con el objetivo de fortalecer la capacidad del país para anticipar, monitorear y responder a las emergencias provocadas por fenómenos naturales, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) presentó este miércoles los avances del proyecto Sistema Nacional de Alerta Temprana Multiamenaza (SAT-M).
Durante el encuentro se dieron a conocer los principales resultados técnicos y de gobernanza alcanzados. Entre estos se destacan el Marco para el Sistema de Alerta Temprana Multiamenaza, el Atlas de Riesgo y Vulnerabilidad ante Emergencias (ARVE), el Georregistro de Impactos, el Índice de Respuesta Barrial ante Emergencias (IRBE) y los progresos en la aplicación Alerta-COE, que permitirá emitir alertas más precisas, geolocalizadas y estandarizadas.
Herramientas para decisiones más informadas
El ARVE consolida más de 70 capas de información geoespacial oficial, integrando datos sobre amenazas, exposición, vulnerabilidad y capacidad de respuesta en todo el territorio, desde el nivel nacional hasta el barrial.
Mientras que el Georregistro de Impactos reúne y cruza información sobre 1,326 eventos y 314 impactos georreferenciados registrados desde 1925, lo que ayuda a fortalecer la planificación y las decisiones basadas en evidencia.
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Alianzas para estandarizar la información
Uno de los logros más importantes del proyecto fue la firma de un acuerdo entre el COE, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Este pacto establece estándares nacionales para la información geoespacial y cartográfica, garantizando que todas las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos trabajen con datos compatibles y actualizados.
Capacitación y participación institucional
El fortalecimiento de capacidades fue otro eje clave. El proyecto desarrolló 12 sesiones de capacitación sobre gestión del riesgo y alerta temprana, además de un intercambio Sur–Sur con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), webinarios y talleres especializados, alcanzando a 307 participantes.
A esto se suma la participación activa de más de 40 instituciones nacionales, que integraron mesas técnicas y sectoriales. Su colaboración permitió avanzar hacia un modelo de gobernanza más participativo e integrado para la gestión del riesgo en el país.
