El espionaje telefónico que se ha denunciado a jueces, abogados, empresarios y políticos de oposición es una lacra de triste recordación, que atenta contra el Estado de derecho. Inquieta que mientras desde el poder se proclama respeto al libre juego de las ideas, nada menos que el Ministerio Público recurra a métodos tan perniciosos del pasado con el supuesto propósito de sustentar expedientes judiciales.

El escándalo se destapó con la interceptación del número telefónico de la destituida magistrada de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, quien había sido sometida a un abusivo acoso de poder.

Ahora los abogados Conrado Pittaluga, quien coordina los medios de defensa de su padre, uno de los imputados en el expediente de los que recibieron sobornos de la constructora Odebrecht, y Eduardo Sanz Lovatón, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), denunciaron que han sido víctimas de espionaje telefónico.

Aunque el Ministerio Público lo justifica argumentado que se hizo como parte de la investigación, la realidad es que esa práctica resucita un pasado en el que las libertades estaban conculcadas. Que no se olvide.