Todos los sectores coinciden en la necesidad de una reforma urgente a la ley de seguridad social. El Gobierno, sector privado, sindicalistas y técnicos acreditados insisten en que la reforma es fundamental para corregir distorsiones que restan eficacia y perjudican al sistema.
El problema está en los enfoques, que son para discutirse, pero en modo alguno, como parece, para eludirla. El Gobierno y el sector privado parecen coincidir en la necesidad de revestir de más capacidad a la Tesorería de la Seguridad Social para enfrentar la elusión y la evasión en que incurren empresarios.
Por esas prácticas existe una deuda acumulada que supera los 200 mil millones de pesos, de la que el sector privado culpa a la propia legislación por las multas y recargos que establece. Sin embargo, técnicos y sindicalistas estiman que no se puede plantear una reforma sin tocar el tema de las comisiones que cobran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El sector sindical, tras denunciar que hay 160 mil trabajadores fuera del sistema de seguridad social, plantea que cualquier reforma tiene que contemplar la eliminación de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y un cambio en las AFP. A todo, ha faltado voluntad.
