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Colegio de Abogados rechaza reducción de recursos a la Justicia

Colegio de Abogados rechaza reducción de recursos a la Justicia

Miguel Surun Hernández, presidente del Card, manifestó que "dicha asignación presupuestaria es un grave atentado a la administración de justicia en la República Dominicana".

Santo Domingo. – El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) intimó al Congreso Nacional a rechazar la reducción de los recursos asignados al Poder Judicial, contempladas en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2024, equivalente a ocho mil millones 623 mil 324 pesos y de nueve mil 648 millones 535 mil 941 pesos para la Procuraduría General de la República (PGR), en violación a la Ley 194-04, que consagra el el 4.10% para sector Justicia.

Miguel Surun Hernández, presidente del Card, manifestó que “dicha asignación presupuestaria es un grave atentado a la administración de justicia en la República Dominicana, que se encuentra en crisis por la falta de jueces, de fiscales, de personal administrativo, carencias equipos y material gastable para responder a la demanda de justicia de la ciudadanía”.

El presidente del Card denunció que “la actual situación ha generado un retardo fatal en las decisiones judiciales plasmada en una alta tasa de mora judicial, procesos penales interminables y más de 17 mil presos preventivos con prisiones vencidas, convirtiendo nuestras cárceles en cementerios de hombres vivos”.

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Surun Hernández calificó como grave que en la actualidad una simple solicitud de revisión de medida coerción puede tardar de 4 a 6 meses, en procesos que se extienden por años, y que luego de dictada una sentencia penal su motivación puede extenderse hasta por 5 meses por falta de secretaria.

“En la materia civil la situación es aún peor con procesos con más de 20 años en los tribunales, que en su mayoría funcionan en edificios deteriorados, sin espacios, ni condiciones aptas para los abogados, mucho menos para las víctimas y usuarios, todo gracias a que el Poder Ejecutivo se apropia de más de 40 mil millones de pesos que por ley le corresponden al Poder Judicial y a la Procuraduria General de la Republica”, señaló el gremialista.

Agregó que “Con esos fondos no se podrán instalar los 94 tribunales que están aprobados por ley y que no han podido ser puestos en funcionamiento por falta de recursos, pero tampoco podrán ser mejoradas las instalaciones actuales, las condiciones laborales de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales y abogados; asimismo limitará la mejora del servicio que está recibiendo la ciudadanía en este momento”.

El jurista dijo que dicho desvío de recursos se verifica a pesar de los cuantiosos ingresos contemplados en la pieza, que ascienden a un millón de millones 572 mil 896 millones 16 mil seiscientos noventa y tres pesos dominicanos y que contempla préstamos superior a los 344 mil 980 millones de pesos y 1,500 millones de dólares, al tenor del 66 y 68.

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Miguel Surun Hernández, presidente del Card, manifestó que “dicha asignación presupuestaria es un grave atentado a la administración de justicia en la República Dominicana”.

Recordó que el artículo 3 de la Ley 194-04, establece que “El Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público serán por lo menos un cuatro punto diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos que se distribuyen de la manera siguiente: Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez (4.10%) corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un treinta y cinco por ciento (35%) del cuatro punto diez por ciento (4.10%).

Agregó que el proyecto de ley suspende la aplicación de indexación para fines de impuesto sobre la renta.

El gremialista indicó que lo peor es que el Poyecto de Ley de Presupuesto del 2024 modifica leyes orgánicas, como es el Código Tributario que contempla la suspensión de indexación anual para fines de pago de impuesto sobre la renta, con lo cual se afecta de manera considerable a decenas de miles de trabajadores que ganan entre 26 mil y 35 mil pesos y que deberían estar exentos del pago de impuesto sobre la renta.

El Nacional

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