Colisión de derechos



El sistema de atención primaria y la disposición que obliga a los empleados públicos a pertenecer al Sistema Nacional de Salud (Senasa) se han convertido en piedra de discordia entre Gobierno, Colegio Médico y Administradoras de Riesgos de Salud, lo que perjudica la calidad y cobertura de los servicios médicos.

Obligar a los servidores del Estado a afiliarse a una prestadora de servicios público, constituye en sí misma una violación al principio de libre elección consagrado en la Constitución de la República, así como una expresión de monopolio que colisiona con el Texto Sustantivo.

Los empleados públicos y privados deberían tener la libertad de escoger la aseguradora de riesgo de salud que mejor represente sus intereses o expectativas de servicio, así como poder cambiarse a otra prestadora con sólo cumplir los plazos de ley.

Se violaría un derecho constitucional, por ejemplo, si se obliga a los empleados públicos a afiliarse a alguna administradora estatal de fondos de pensiones, porque la libre elección es una expresión o prerrogativa de la libertad que ejercen los ciudadanos.

Corresponde a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) velar por los derechos de garantizar que los afiliados a las ARS públicas o privadas reciban un servicio sostenido en la eficiencia, calidad y en correspondencia con los parámetros de la cobertura contratada.

En cuanto a la atención primaria se ha dicho que representa uno de los postulados acuñados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar la asistencia sanitaria a la población a un costo asequible, además de erigirse como uno de los principios de la Ley 87-01 de Seguridad Social.

El Colegio Médico alega que la habilitación de ese nivel de atención médica solo beneficia a las Administradoras de Riesgos de Salud, aunque el artículo 129 de la Ley de Seguridad Social consagra los servicios de emergencias, ambulatorios y a domicilio, así como atención materna infantil y prestación farmacéutica ambulatoria.

Es claro pues que obligar a los empleados públicos a afiliarse a una administradora de riesgo de salud estatal viola el derecho constitucional a la libre elección, lo mismo que impedir la apertura del Sistema de Atención Primaria niega a la población el derecho a acceder a servicios de salud eficientes vinculados con el individuo y su familia.