El presidente Luis Abinader consideró que debe existir una política gubernamental que limite el acceso a contratos de publicidad estatal para medios que difamen, difundan información falsa o fomenten conductas contrarias a normas básicas de decencia, pero no dijo cómo se aplicaría ese régimen de consecuencias.

La opinión del mandatario fue vertida el lunes durante el encuentro semanal con la prensa al ser abordado en torno a la divulgación a través de redes sociales de una información contra periodistas y comunicadores, sobre lo cual señaló que ese tipo de campaña de denuestos afecta a la democracia.

El remedio que sugiere el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, para enfrentar esas imputaciones dolosas es que se instituya una nueva ley “en la que se establezcan consecuencias claras contra la difamación expuesta por medios tradicionales o digitales”.

Aunque reconoce que existen consecuencias legales por difamar, el senador por la provincia Sánchez Ramírez insiste en que el país “necesita endurecer las medidas en contra de informaciones falsas, afrentosas o injuriosas, para lo cual sugiere aprobar una nueva ley.

El presidente Abinader fue muy cauto al abordar el tema sobre la difamación y la injuria que se vierten a través de medios de comunicación o redes, al expresar que no existe restricción contra la libertad de prensa, aunque dijo que debería haber una política para limitar el financiamiento a ese tipo de plataformas comunicacionales.

Se reconoce la obligación del Estado de garantizar el derecho constitucional al honor, buen nombre y propia imagen de las personas, lo que entraña castigar por vía de sanciones penales y civiles emitidas en sentencias de tribunales competentes, sin que medre ningún subterfugio de carácter administrativo que suplante la autoridad del juez o de la corte.

Lo sugerido por el titular del Senado, de aprobar un nuevo estatuto para sancionar el delito de difamación que abarque a los diarios, televisión o radio, dista mucho de lo sugerido por el jefe de Estado, porque con lo que pretende el legislador se corre el riesgo de convertir la ley de prensa en arma letal contra el libre ejercicio del periodismo.

Los responsables de la denunciada campaña de difamación e injuria contra periodistas y comunicadores merecerían una sanción condigna con la gravedad del ilícito perpetrado, pero en ningún modo esa imputación criminosa e inmoral, puede justificar abrir compuertas de desafueros contra la libertad de prensa y el derecho a la libre expresión.