La evidente indecisión de las autoridades frente al alarmante negocio ilícito de combustibles se presta a todo tipo confusión. Como ocurre, a pesar de los múltiples pretextos, con el mecanismo para ajustar cada semana los precios de la gasolina, el gasoil y otros derivados del petróleo.

En cuanto a la venta ilegal de combustibles, cuesta aceptar que se desconozcan todos los pormenores de una operación que según la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) representa para el fisco más de 5 mil millones de pesos anuales en evasión.

Tanto el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, como el viceministro Ignacio Méndez han amenazado con acabar con la supuesta mafia que opera el mercado. Pero, por lo visto, no han pasado de la advertencia. ¿Cuál es el problema? Más que una operación en extremo compleja lo que parece es que sus responsables gozan de tanto poder e influencia que las autoridades no se atreven a tocarlos.

El presidente de Anadegas, Rafael Polanco, dijo que personas a quienes no se conoce la propiedad de una sola estación de gasolina han retirado hasta tres millones de galones del combustible de la Refinería de Petróleo y de otras terminales. Si es así, sólo con haber cumplido la Ley 407-72 y todas las resoluciones que regulan el negocio de los carburantes el Gobierno hubiera contado con recursos que harían menos pesada la reforma que ha impulsado para incrementar las recaudaciones.

La denuncia, que lleva sobre el tapete tiempo más que suficiente para las autoridades haber erradicado la peligrosa y perjudicial práctica, no sólo atenta contra el fisco, que deja de percibir cientos de millones de pesos en impuestos, sino contra la inversión nacional y extranjera y la competitividad. Las autoridades conocen muy bien las consecuencias.

Pero en el supuesto de que las autoridades ignoren los pormenores del negocio ilegal de carburantes, de seguro que el presidente de Anadegas pudiera serles de mucha utilidad en la investigación. Si Polanco afirma que al margen de las estaciones establecidas se comercializa combustibles exonerado para plantas generadoras es porque cuenta con detalles muy concretos.

Todo indica que el comportamiento de las autoridades es más misterioso que la operación. De haberse propuesto acabar con un comercio lesivo, hace tiempo que lo hubieran hecho. Se trata de un negocio que nada tiene de clandestino, que se efectúa, según las denuncias, prácticamente de manera pública.

Las normas y resoluciones que regulan el comercio de derivados del petróleo están establecidas. Las autoridades no tienen más que aplicarlas. La evidente tolerancia podría propiciar que otros inversionistas, para competir, recurran también a la comercialización ilegal de carburantes. Es posible que por ahora lo que haya faltado sean controles más estrictos. Sin embargo, esa no es la impresión que ha dejado el comportamiento de quienes están llamados a cumplir y hacer cumplir la ley.