En nuestra arquitectura constitucional, la Junta Central Electoral (JCE) es un órgano constitucional autónomo. Eso quiere decir que sus potestades administrativas están sujetas a la Constitución, a la ley y los reglamentos.

En este último aspecto, el ejercicio de su potestad reglamentaria, la JCE ha mostrado una gran falencia, muchas veces incumpliendo el procedimiento preceptivo para la validez de sus normas y otras, simplemente, inobservando las resoluciones que dimanan de su pleno.

Este último es el caso del escrutinio electrónico del voto utilizado en las pasadas primarias, pues si buscamos la base legal del mismo nos encontraremos con que no existe.

El artículo 49 del citado reglamento establece que, “los miembros
de los centros de votación serán los responsables de realizar el conteo de los votos emitidos en cada una de sus instancias, las cuales serán revisadas por los delegados acreditados por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos presentes en dichos centros”.

Según la experta en derecho electoral Ana Beatríz Franco Cuervo, ese tipo de escrutinio se caracteriza porque se hace “una vez concluida la jornada electoral, se verifican y consolidan los resultados de las votaciones” (ver Diccionario Electoral, Tomo I, Pág. 384, IIDH).

De la lectura de este artículo se desprende no sólo que la JCE no tenía habilitación legal para imponer arbitrariamente un escrutinio electrónico de los votos, sino que actuó con una tozudez perturbadora cuando se negó a acceder al conteo manual al cierre de las votaciones como manda el reglamento y como se lo solicitó Leonel Fernández.

Pretender hacerlo ahora cuando ya ha transcurrido cuatro días del certamen electoral, representa una grave violación a su propio reglamento que ordenaba contar al final de la jornada electoral en cada colegio, además de una turbación que procura aludir su responsabilidad por las graves denuncias de fraude en la transmisión electrónica de los resultados de las primarias del PLD.

A la JCE se le advirtió sobre la fragilidad del voto electrónico, y su incompatibilidad con la transparencia y el control público de las primarias.

La JCE no debe hacer como el avestruz que mete la cabeza en el hoyo para no ver la realidad. Mantener una actitud irresponsable ante la crisis electoral a que ha llevado al país es la peor de las salidas.

Le toca, pues, la obligación ordenar una auditoría forense con la supervisión de técnicos procedentes de organismos internacionales y de las embajadas de EE. UU. y la Unión Europea para salvar su credibilidad.

La JCE no se puede hacer cómplice de quienes entienden que la retención y conquista del poder se debe hacer por todos los medios, incluso robándose unas elecciones.