La forma en que se percibe la democracia afecta profundamente el proceder de los ciudadanos, pero sobre todo de los políticos. Cuando la democracia se percibe como un valor y una forma de convivencia llamada a beneficiar al colectivo entonces lo que impera es el respeto a la ley y la sujeción a la voluntad popular.
Por el contrario, cuando la democracia se percibe únicamente como un procedimiento para la satisfacción de las ambiciones personales, lo que prima es el desconocimiento de las reglas del juego y el uso avasallante del poder.
En la vida política dominicana estamos viendo un ejemplo claro de esto. El mismo grupo político que -preso de su dependencia de un liderazgo personalista y agotado- tiene semanas insistiendo en que la ley electoral no le aplica a su líder, ahora ha intentado ir un paso más allá y pretende apropiarse de un partido político como si fuera una franquicia o negocio cualquiera.
Dispuestos a cualquier cosa con tal de darle continuidad a una aventura electoral que ya los votos truncaron, los seguidores de Leonel Fernández han abierto dos frentes: uno contra la sociedad al insistir en que su líder, maestro y guía está por encima de la ley; el otro, contra la militancia del Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), a la que han despojado ilícitamente de su partido.
A sabiendas de que esta militancia petedeísta se mantendría fiel a sus principios y rechazaría convertirse en un vehículo para las ambiciones personales de los seguidores de Fernández y el grupo de dirigentes del partido que les hacen el juego actuaron al margen de la Constitución, la ley, los estatutos y reglamentos internos y la militancia.
Las violaciones a la ley y los estatutos son pasmosas. La más grave y flagrante de ellas es que pretenden fusionar al PTD con una llamada “ La Fuerza del Pueblo”, que no es partido, ni asociación ni nada; son sólo un grupo de amigos y seguidores aglutinados bajo un nombre comercial registrado en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).
Este nombre comercial aparece en dicho registro con un propósito típico de una sociedad comercial, como es “dar servicios de asesoría integral para el fortalecimiento institucional y de la democracia”.Es decir, que en esta “fusión”, los petedeístas ponen el partido y los seguidores de Fernández sólo el nombre.
No existe ninguna disposición legal ni reglamentaria que permita la fusión entre un partido y un nombre comercial sin personalidad jurídica propia. La simple pretensión de esto demuestra la firme convicción que tienen los dueños del nombre comercial “La Fuerza del Pueblo LFP” de que la ley no les aplica.
La reunión del Congreso Nacional Partidario que conoció de la propuesta de fusión aprobada por el Comité Central, la modificación de varios artículos de los estatutos, así como el contrato-asalto al PTD suscrito con Fernández, se hizo violando los estatutos.
Esto así porque ninguna propuesta fue conocida previamente por el Pleno Nacional de Dirigentes, órgano partidario al cual le compete, entre Congreso y Congreso, definir la políticade alianzas y coaliciones con otros partidos, así como establecer la línea táctica y electoral a seguir en un momento determinado de la vida del país.
Tampoco se informó a los delegados que deliberarían en el Congreso Nacional Partidario Extraordinario, el contenido del plan político que se pretendía aprobar, ni se permitió a los órganos de bases conocerlo y deliberarlo con carácter previo, como mandan los estatutos del PTD.
Recordemos que, conforme a la jurisprudencia constante del Tribunal Superior Electoral, existen requisitos mínimos que deben ser observados en términos de convocatoria, publicidad y transparencia sobre los temas a deliberar en órganos colegiados partidarios.
Más grave, es que el reglamento de organización del Congreso, que determina la manera en que se integra el Congreso Nacional Partidario, fue conocido y aprobado el mismo día y en la misma sesión en la que se modificaron los Estatutos y que se aprobó el “contrato-asalto” al PTD.
