Santo Domingo.– La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento de plazo presentada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien busca evadir el juicio que enfrenta por presunta corrupción administrativa.
Decisión del tribunal
El tribunal estuvo integrado por las juezas Isis Muñiz (presidenta), Nancy Joaquín y Teófilo Andújar, quienes declararon improcedente el pedimento de la defensa.
El Ministerio Público estuvo representado por José Manuel Aguiló Talavera, procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y Jonathan Pérez, fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Las magistradas determinaron que no procede la extinción del proceso, debido a que durante la etapa de juicio se registraron múltiples aplazamientos entre el 26 de octubre de 2023 y el 27 de junio de 2024, fecha en que inició la presentación oral de la acusación.
Causas de los aplazamientos
Según la decisión, los aplazamientos respondieron a situaciones atribuibles a las defensas de los imputados, entre ellas:
- Incomparecencia de personas jurídicas representadas en el proceso.
- Designación de defensores públicos.
- Solicitud de plazos adicionales para conocer la acusación y las pruebas.
- Renuncias y cambios de abogados.
- Incomparecencia de defensas técnicas.
- Licencias médicas de imputados.
El tribunal precisó que no existe constancia de que los aplazamientos hayan sido provocados por el Ministerio Público ni por el actor civil querellante.
“Por tanto, el tribunal rechaza el pedimento de extinción de la acción penal por duración máxima”, indica la decisión.
Recurso y contexto del caso
El recurso de apelación fue interpuesto el 30 de septiembre del pasado año por Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), a través de sus abogados Cristian Alberto Martínez, Romer Antonio Jiménez, Jesús Ramos Ramos y Francisco Álvarez Aquino.
Cáceres Silvestre es señalado como el principal acusado en un presunto entramado de corrupción compuesto por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que habría operado entre 2012 y 2020, desviando más de RD$4,500 millones del Cusep, del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
