La intempestiva ruptura del diálogo en torno a la propuesta de reforma fiscal que sostenía el Gobierno con diversos sectores representados en el Consejo Económico y Social (CES), constituye un penoso tropiezo en el tortuoso camino hacia un anhelado estadio de consenso nacional basado en la legalidad, equidad, pluralidad, transparencia y justicia.

El Gobierno ha dado por cerrado ese espacio dialogante que se desarrollaba en el marco de un órgano con rango constitucional, al definir como inaceptable la recomendación de ese foro de reducir en 60 mil millones de pesos el monto estimado de ingresos para el próximo ejercicio fiscal.

Aunque se da por descontado que el Congreso, de mayoría oficialista, aprobará, quizás con modificaciones cosméticas, el paquete tributario propuesto por el Poder Ejecutivo, las autoridades han perdido una oportunidad singular de consolidar una cultura de diálogo, aun en situación tan difícil como la creada con la sugerencia de acometer el problema del déficit fiscal solo por el lado del gasto público.

Sin el acomodo de una alfombra que ayude a compartir responsabilidades o a sostener sobre hombros de muchos la cruz de esa reforma fiscal, el Gobierno deberá afrontar en solitario sus efectos sociales, económicos y políticos, porque interrumpió un proceso de negociación sin poder convencer a la población de que la razón ha estado de su lado.

Litorales empresariales representados en ese Consejo no han podido explicar el porqué de su reticencia a que en la discusión sobre reforma fiscal se incluyera el pedido oficial de procurar aumentar las recaudaciones en al menos 50 mil millones de pesos, especialmente si el Estado deja de percibir unos 118 mil millones de pesos al año en exoneraciones y exenciones concedidas al sector privado.

La interrupción de ese diálogo entre gobierno y sociedad, no solo tira por la borda una excelente oportunidad de consenso sobre un asunto de vital trascendencia para la sostenibilidad económica y gobernabilidad política, sino que riega espinas sobre el camino que las partes deben transitar para arribar a los indispensables pactos Eléctrico y por la Educación, por lo que puede decirse que esa sin razón ha infligido severo daño al espacio democrático.

En otras oportunidades en las que el Gobierno ha confrontado aprietos fiscales de menor gravedad o alcance, el empresariado ha ayudado a procurar salidas aun coyunturales y la población se ha resignado a soportar más cargas tributarias, pero esta vez, cuando el déficit fiscal ha superado cifras inimaginables, el sector productivo ha cerrado toda compuerta a un remedio compartido.

El Gobierno debió aguardar unos días más e intensificar sus esfuerzos de negociación que al final serían reconocidos por la ciudadanía, pero, por el craso error de cerrar el telón y apagar la luz, tendrá ahora que afrontar todas las consecuencias derivadas de asumir por sí solo una iniciativa que impacta negativamente en el tuétano de la sociedad.