Todo buen santiaguero desea de corazón que el doctor Gilberto Serulle realice el mejor desempeño al frente del Ayuntamiento de ese municipio, pero quien más debe desear y trabajar para conseguir esa meta es el propio alcalde, que ha confrontado su primer problema con la confusión creada por la adquisición sin previa licitación de 25 camionetas y 10 camiones volteo, por un valor de 71.2 millones de pesos.

Sin explicar si en esa operación hubo o no cumplimiento de la ley 340-06 sobre contrataciones y licitaciones públicas, el alcalde Serulle se limita a advertir que no se dejará acorralar por lo que define como maniobras mediáticas que atribuye a grupos vinculados con la anterior administración.

La mejor manera que tiene ese funcionario para no dejarse acorralar es con el ofrecimiento de una explicación convincente sobre la compra de esos vehículos que estarán destinados a funcionarios del Ayuntamiento y de los equipos pesados para uso en construcciones públicas.

La notable ascendencia o aprecio de que goza el doctor Serulle entre la mayoría de la población de Santiago no debe interpretarse como patente de corso para hacer las cosas a su mejor modo, sin cumplir con requerimientos de ley o de transparencia administrativa, que él, más que ningún otro, debe observar si es que desea mantener los altos estándares de simpatía que posee.

Se acepta como bueno y válido el argumento de que la flota de vehículos del Cabildo santiaguero estaba obsoleta por lo que urgía adquirir el lote de camionetas y camiones, pero lo que en ningún modo resultaría admisible es el incumplimiento de la ley o declinar informar si se ha observado.

Mueve a preocupación la versión de que la Alcaldía de Santiago se ha ofrecido como garante para la adquisición de 45 yipetas para uso de los regidores, a los que también se aumentó el sueldo a cien mil pesos mensuales, porque el Ayuntamiento no tiene por qué comprometer su crédito en más de 90 millones de pesos para dispensar favores a los miembros de su Sala Capitular.

El doctor Serulle incurre en craso error al confundir legítima preocupación ciudadana con algún cerco mediático que a su entender manejan intereses relacionados con su antecesor, pues de lo que se trata es de un reclamo para que las autoridades edilicias cumplan con la ley en una operación que envuelve 71.2 millones de pesos.

Santiago se ha ganado el derecho de ser escuchado, respetado por sus autoridades, porque ha sido por conducta y tradición propia un municipio progresista, solidario, dialogante, participativo y ejemplar, que no merece ahora que un alcalde se arrogue derecho a actuar por sí mismo, sin consultar ni explicar las razones de sus actos como funcionario.