Aunque parezca contaminada con ingredientes políticos, la denuncia del ecologista Luis Carvajal sobre la supuesta depredación del parque Francisco Alberto Caamaño merece una investigación. O una aclaración.

Carvajal afirmó que la reserva es afectada por cerca de mil hornos activos para fabricar carbón y por la extracción continua de madera de guayacán y otros árboles. Si las operaciones van contra la ley no hay excusa para no actuar en consecuencia.

Carvajal sostuvo que el aparente crimen ecológico es de conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente, los encargados del Servicio Nacional de Protección Ambiental, la Policía, los gobernadores y los alcaldes. D

e ser así, ese ingrediente se presta a confusión, lo mismo que la crítica del denunciante a programas concebidos por el Gobierno para impulsar el desarrollo.

Tal vez no venía al caso el señalamiento de que a las autoridades no les preocupa el crimen ambiental porque supuestamente están ocupadas “en alianzas público-privadas, fideicomisos” y en la promoción de sus ejecuciones. Si no una investigación, la denunciada depredación en la reserva amerita una aclaración.