El año 2026 se inicia con nuestro país atrapado en una tensión que ya no admite maquillaje retórico. La acumulación de factores económicos, sociales y políticos ha alcanzado un punto crítico que compromete la estabilidad del sistema de dominación, hoy sostenido más por inercia que por legitimidad.
El debate es inevitable: ¿crisis orgánica, de régimen, de hegemonía o un cóctel de todas ellas? Cuando las instituciones han perdido credibilidad y la legalidad se reduce a un ritual administrativo.
La autoridad es una simple imposición. Las salidas ensayadas confirmaron su esterilidad. El relevo político prometido resultó ser una réplica: los mismos actores, idénticos discursos, iguales prácticas…
Cambió el decorado, no la obra. Y el público, ya no aplaude. A ello se suma una economía atenazada por una deuda externa que drena una porción asfixiante del PIB y limita cualquier margen real de maniobra.
Este cerco financiero alimenta una crisis de hegemonía que desnuda la incapacidad del poder para ofrecer horizonte y sentido. En términos gramscianos, el país se adentra en una crisis orgánica.
En nuestro país se resquebraja el conjunto de las relaciones sociales. La confluencia de la crisis económica, política e ideológica, junto al aumento de los conflictos sociales, enciende alarmas internas y externas.
No es casual la inquietud de los centros de poder imperiales ante un escenario sin diques visibles, ni que el imperio haya ocupado con fuerzas militares la base de San Isidro y el AILA, a un tris de distancia de Venezuela.
En tanto, la incertidumbre se expande y las calles vuelven a ser una opción contra los corruptos y la impunidad. El 2026 no inaugura una etapa: certifica un agotamiento. Cuando lo viejo no muere y lo nuevo no nace.
