A dos semanas de las elecciones municipales programadas para el domingo 16, puede decirse que virtualmente el calendario se precipita sobre la Junta Central Electoral (JCE) compelida a apurar el paso para el cabal cumplimiento del cronograma logístico y operativo que garantice el éxito de ese certamen cívico.

Los partidos políticos todavía juegan a lo contencioso o a la temeridad de los incidentes procesales como si se tratase de una historia sin fin, muchas veces apartados de su deber de auxiliar a la JCE en los esfuerzos por celebrar unos comicios libres, transparentes y concurridos.

Las elecciones municipales, por su complejidad y amplitud, representan un reto para el tribunal de elecciones y obviamente para la democracia política porque se trata de renovar el mentado Poder Municipal, que conforme a modernas teorías constitucionalistas representa el portón principal por donde ingresa el poder ciudadano.

Los electores renovarán 3,849 cargos en los ayuntamientos, incluidos alcaldes, regidores, directores y vocales de juntas municipales, en elecciones regenteadas por 158 juntas electorales, a todas las cuales corresponde garantizar transparencia en el ejercicio del sufragio y proclamación de los candidatos ganadores.

El liderazgo político parece no entender que la trascendencia de las elecciones municipales nada tiene que ver con las presidenciales y congresuales a celebrarse en mayo, por lo que resulta antidemocrático que candidatos presidenciales acaparen protagonismo en la campaña electoral en detrimento de las ofertas municipales.

A lo que se aspira es a que el Pleno de la JCE y las juntas municipales resuelvan cuanto antes en sus respectivos ámbitos todos los recursos contenciosos incoados por partidos o agrupaciones políticas para que los comicios municipales se desarrollen en un ambiente de absoluta legalidad, armonía y respeto a la ley.

La JCE ha incorporado medidas de seguridad adicionales al sistema de voto automatizado para las elecciones del 16 de este mes, además del clonado de 9,757 equipos que serán utilizados en 18 provincias, lo que evitaría señalamientos o quejas sobre irregularidades o extravíos en los cómputos.

Los electores ejercerán libremente el sufragio, sin compra o venta de votos, para escoger entre más de 17 mil candidaturas distribuidas entre aspirantes del Distrito Nacional y 158 municipios, por lo que además de los favorecidos por la voluntad popular, habrá ganado la democracia política. Conviene cruzar los dedos.