Participación Ciudadana (PC) culpó hoy al Ministerio Público (MP) del colapso del caso Odebrecht en los tribunales y dijo que con el fallo emitido a favor de los dos únicos imputados, el sistema de justicia fracasó una vez más en su lucha contra la impunidad.

Dijo que la mayor cuota de responsabilidad la tiene el Ministerio Público, puesto que en 2017 fue advertido por la hoy procuradora Miriam Germán Brito sobre el déficit probatorio de este caso.

Precisó que, pese a la advertencia, el Ministerio Público no realizó ningún esfuerzo para subsanarlo, y que por el contrario se negó a ir a Brasil a interrogar a los principales ejecutivos de Odebrecht, a pesar de estar judicialmente habilitado para ello por el juez de la instrucción del caso.

Sostuvo que si el Ministerio Público hubiera ido a Brasil, era evidente que obtendría los nombres de los sobornados, que estaban protegidos por unos “codenomes” (nombres codificados), pero que comprometerían a importantes funcionarios públicos, incluyendo legisladores y otros cercanos al procurador general de la República de entonces.

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Recalcó que, a pesar de las ligeras mejorías del país en materia de corrupción en los últimos años, el sistema de justicia ha fracasado una vez más en su lucha por reducir la impunidad.

Recordó que se trata de uno de los casos más grande de corrupción en el país, que trascendió fronteras y que “nos llena de vergüenza ante la comunidad nacional e internacional, pues ante un caso de soborno confesado por el sobornante, no habrá nadie cumpliendo la sanción de rigor”.

Dijo que ante el hecho, la mayor cuota de responsabilidad la lleva el MP, por no haber hecho nada ante la advertencia que había hecho la magistrada Germán Brito sobre el déficit probatorio del expediente.

“Es importante que quede en la conciencia nacional que los sobornos existieron y no habrá sentencia que pueda decir lo contrario con efectividad, pues fue reconocido por Odebrecht en el acuerdo que suscribió con el Ministerio Público donde se comprometió a devolver el duplo de los 92 millones de dólares admitidos como soborno y también asumió el compromiso de identificar a los sobornados, obligación que el Ministerio Público jamás reclamó su complimiento”, manifestó Participación Ciudadana.

Dijo que, por eso le preocupa el lenguaje utilizado por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en su sentencia, cuando en dos ocasiones señala la “inexistencia” del crimen de soborno (4.43 y 4.42), cuando debió referirse a que, a pesar de la confesión del soborno, no se pudo identificar con pruebas a los sobornados.

“Establecer la “inexistencia” de los sobornos hiere la sensibilidad de la ciudadanía ante hechos tan graves como los confesados por la propia Odebrecht. Ante una sentencia definitiva corresponde al Ministerio Público realizar una evaluación interna y ofrecer explicaciones a la ciudadanía.