Con el acuerdo de austeridad presupuestaria alcanzado con el Fondo Monetario internacional (FMI), el Gobierno ha logrado salir de abajo de una patana en marcha, aunque esta parece ser la última oportunidad que ese gendarme ofrece a las autoridades para que acepten el emplazamiento de disminuir el gasto publico.

El nuevo arreglo que mantiene con aliento al Acuerdo Stand by arribado en noviembre de 2009, obliga al Gobierno a reducir los subsidios al consumo de electricidad y a disminuir otros gastos del sector público, lo que confirma el criterio, tantas veces rechazado por el litoral oficial, de que desde hace tiempo la llave del derroche ha estado abierta.

Aunque el FMI ha destacado el retorno de la economía al sendero del crecimiento (7.5% del PIB, en el primer semestre), ha mostrado disgusto por el incumplimiento de metas estrictas y esenciales, insertas en el programa Stand by, como el compromiso de reducir las transferencias presupuestarias al sector eléctrico, que este año superarán los 900 millones de dólares.

En materia de gastos públicos, el Gobierno no ha podido convencer a los tecnócratas del Fondo Monetario de que el déficit fiscal sería de 48 mil millones de pesos, equivalentes al 1.7 por ciento del PIB, como se había comprometido, toda vez que la oposición política y economistas independientes sitúan ese faltante a más del doble, a causa de un señalado desafuero en el Gasto Público.

La administración del presidente Leonel Fernández tiene pues la daga en el cuello y su equipo económico tendrá que hacer hasta lo imposible para disminuir este año los subsidios al malogrado sector eléctrico y procurar reducirlo al mínimo en el 2011, a riesgo de un abrupto rompimiento con el FMI.

Duele decirlo, pero la estructura operativa de la industria eléctrica, sustentada en contratos viles o lesivos al interés nacional, determina que la reducción de las transferencias presupuestarias a ese sector se traduzca en alza de tarifa o menos oferta energética.

En cuanto al compromiso de disminuir el gasto público en el Gobierno, ojalá que el bisturí arranque por las nóminas excesivas y otros dispendios relacionados con el boato o el clientelismo, para que la inversión de capital pueda cumplir con el objetivo de garantizar crecimiento y expansión de la economía.

No hay dudas de que con este nuevo acuerdo con el FMI, el Gobierno ha podido zafar amarras y salirse de la vía del tren, pero no debería juzgar con la suerte ni olvidarse de que éste puede ser el último chance antes de la lapidación.