Los presupuestos históricos y el pago fijo al personal contravienen la Ley de Seguridad Social porque no estimulan la calidad y oportunidad, acentúan la brecha entre lo público y lo privado y alimentan el clientelismo, el ausentismo y la mediocridad

El presidente del Colegio Médico Dominicano, Dr. Waldo Ariel Suero, recalcó la necesidad de incrementar el presupuesto público de salud al 5% del Producto Interno Bruto (PIB). Esa es una demanda reiterada por todos los estudios e informes, tanto de expertos nacionales como internacionales.
Lo que Waldo no dijo es que todos los estudios e informes también hacen un hincapié muy especial en la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público para elevar la calidad y satisfacción. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre el 30% y el 40% del gasto público en salud constituye una pérdida, ya que no mejora la salud de la población.

De acuerdo a reputados médicos y epidemiólogos: 1) más del 35% del gasto médico actual carece de impacto real en la salud; 2) el 40% de los análisis y estudios son repetitivos e innecesarios; 3) el 13% de la hospitalización general es evitable; y 4) el 80% de la mortalidad materno- infantil puede eliminarse, extendiendo la jornada de los especialistas y cumpliendo con los protocolos de atención.

Tenemos 1.3 médicos por enfermera, en vez de 3 enfermeras por médico como recomienda la OMS. El exceso de médicos y la falta de enfermeras determina una baja productividad y costos elevados. Resulta imperativo una auditoría independiente sobre los recursos humanos en salud, para definir una política que eleve el perfil y priorice la calidad sobre la cantidad.

La Ley 42-01, General de Salud, modernizó el sistema, pero no introdujo ninguna reforma estructural. Según ADESA, “Las reformas e inversiones se han orientado a una modernización técnica, pero han quedado atrapadas en las modalidades tradicionales de gestión y prestación de los servicios”.

Sin modificar el sistema de salud, tanto los recursos actuales como cualquier aumento, sólo servirían para continuar haciendo más de lo mismo, como durante las últimas seis décadas. A pesar de que las principales reformas fueron formuladas hace más de tres décadas, todavía ninguna ha sido iniciada.

La Ley 87-01 decidió superar la política tradicional del IDSS y del MISPAS de “ofrecer todos los servicios, pero sin garantía real de ninguno”. Además, maximizar la eficiencia en la prestación de los servicios, mediante una reforma de la asignación de los recursos y de la contratación del personal.

Ningún sistema universal ha sido sostenible sin reducir la brecha entre lo público y lo privado. Mientras la demanda del cuidado de la salud se expande de manera sostenida, la calidad de la medicina pública tiende a ralentizarse, salvo excepciones, forzando hasta a los más pobres a acudir a centros privados, elevando el gasto familiar de bolsillo.

Por: Arismendi Díaz Santana

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