POR: Orlando Gómez Torres

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La sentencia TC 168-13 a groso modo consistió en definir el estatus de la nacionalidad de personas nacidas de “transeúntes” desde 1929. El drama migratorio en la isla se ha traducido en centenares de miles de personas viviendo en la ilegalidad, expuestas a la explotación laboral, el tráfico de personas y a una cantidad importante de violaciones a sus derechos humanos. Que en el debate general sobre la inmigración ilegal a nuestro país se mezclen esos dos temas resulta sumamente extraño.

Argumentar que una sentencia que modifica el estatus de la nacionalidad de miles de personas es alguna especie de solución para la inmigración ilegal, carece de sentido. No valió la sentencia que hace casi una década dictó la Suprema Corte de Justicia, ni la actual Ley de Inmigración, ni la Constitución del 2010 para resolver ese problema, es absurdo esperar algo distinto de la TC 168-13, que más aún, gratuitamente nos creó otro problema.

Viéndolo en sus generalidades, el tema de la inmigración ilegal parte desde aquellos que tienen la intención (o necesidad) de inmigrar a nuestro país de manera ilegal, continua por aquellos que deciden quedarse, sigue con los que nos usan de puente para emigrar a Puerto Rico, y ahora, gracias al mamotreto jurídico que nos hemos creado, también tenemos a los hijos de estas personas. Claramente la solución definitiva parte desde el inicio, como en su momento lo entendió Estados Unidos primero con el NAFTA que ha movilizado la economía de México y luego el DR-CAFTA que lo viene haciendo con Centroamérica, sus principales proveedores de inmigrantes ilegales; pero la perspectiva de algo así en Haití sería a muy largo plazo.

Dado lo anterior debemos valorar el problema de la inmigración ilegal bajo la realidad del flujo y su impacto sobre nuestro país. De forma insistente diferentes estudios han confirmado un impacto netamente positivo de la inmigración en las economías que les acogen, aunque estudios similares no se han realizado en la República Dominicana, no veo porque razón pudiera ser diferente.

La inmigración no debe ser parte del problema sino de la solución, y una ruta clara y razonable hacia la legalidad que permita potenciar la capacidad para esa porción de la población que habita nuestro territorio pueda participar en la economía es necesaria. La TC 168-13 muy poco o nada tiene que ver con la formación de un proceso de legalización y naturalización de centenares de miles de personas que no necesariamente son hijos de “transeúntes”, ya que su alcance es y debe ser mucho más amplio.

El país no puede seguir dándose el dudoso lujo de ser un paraíso para el tráfico de humanos debido a que una porción de la opinión pública no puede evitar confundir la gimnasia con la magnesia. Es tiempo de sacarnos del escollo jurídico en el que nos hemos metido y que empezamos a atender las cosas que realmente importan, los derechos humanos.