Si el Gobierno dejara de tomar las decisiones políticas que anunció el secretario de Industria y Comercio respecto a los carburantes, quizás fuera más transparente el negocio de los combustibles. La ley de hidrocarburos fue impulsada hace 10 años para eliminar precisamente el nefasto componente que hoy defiende sin ambages, el licenciado José Ramón Fadul.

Pero si contraproducente es la politización que Fadul reivindica en aras de la gobernabilidad, y para proteger a los más necesitados, peor es la presión enarbolada para intimidar a los choferes por vocero de una comisión oficial, para negociar la revocación del alza en los precios de los pasajes.

El ingeniero Ignacio Ditrén, amenazó con aplicar la ley y proceder a cancelar permisos para operar rutas si los gremios persisten en el alza de los pasajes y del transporte de carga.

Se supone, en primer lugar, que la observación de la ley no está condicionada a ningún elemento, y en segundo, que no se puede actuar de manera arbitraria contra ningún sector.

Hoy se advierte con más claridad el trasfondo institucional en el conflicto sobre los carburantes y el desorden del transporte.

Los que están llamados a cargar con la peor parte son, por lo visto, los conductores de vehículos que operan con gasolina, o sea los dueños de carros privados.

Quedó evidenciado con la decisión del Gobierno de sólo subir los precios de las gasolinas, para evitar, pese a las amenazas, conflictos con los transportistas.

El gasoil, que es utilizado por los transportistas de carga, y el gas licuado de petróleo, que es el carburante que emplean los choferes de carros públicos, que son los que cuentan y no las amas de casa, fueron congelados por el Gobierno con todo y que, por el alza del petróleo, había motivos para reajustar los precios internos. Pero como está la marea, es evidente que las autoridades no quisieron exponerse.

Aunque las decisiones políticas de que habló el secretario de Industria y Comercio estén animadas de las mejores intenciones, la verdad es que el mercado de los carburantes debe regirse en torno a la ley de hidrocarburos, o, en su defecto, tener el valor de modificarla. Más cuando en la práctica se había visto que no hay proporción entre las alzas y las bajas con relación al comportamiento de los precios del petróleo.