La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada contra la República Dominicana ha elevado el clamor de “defender al país”. Lamentablemente, hacen un flaco servicio a ese propósito los que insisten en desconocer la sentencia y abandonar la CIDH, incluyendo al flamante Ministro de Relaciones Exteriores, ya que, de ser acogidas sus pretensiones, nuestra nación pudiera quedar expuesta a toda una miríada de consecuencias inesperadas. Se “defiende al país” exigiendo a las autoridades a realizar lo que es justo y correcto, y no forzándoles a conservar la cabeza metida en la tierra y seguir por el mismo despeñadero por el que nosotros mismos nos hemos metido.

Sugerir que abandonar la CIDH no conlleva consecuencias es cuanto menos deshonesto. Muchos parecen olvidar que el país sigue siendo un receptor de ayuda internacional y de crédito de organismos multilaterales que están fuertemente condicionados a nuestro record en materia de Derechos Humanos. Más aún, parte importante de la cooperación internacional recibida en asuntos que van desde nuestra economía hasta a la propia seguridad nacional está atada a nuestro comportamiento en esa materia. Abandonar la CIDH por caprichos populistas enviaría un mensaje nefasto a la comunidad internacional y pondría en entredicho toda esa asistencia de la cual nos beneficiamos, justo cuando no estamos en condiciones de asumir esas cargas por nuestra cuenta.

Así mismo, muchos parecen olvidar que luego de dos décadas, fue la CIDH la única instancia que ofreció alguna semblanza de justicia respecto del caso del Profesor Narciso González (Narcisazo). Mientras la Justicia y el Estado dominicano persistentemente han fracasado en remediar un claro abuso de Derechos Humanos en su propio territorio contra un periodista, fue esa Corte la que finalmente se tuvo que pronunciar. Despojar a los dominicanos de esa instancia para reclamar por violaciones a sus Derechos Humanos, es atraparles dentro de un sistema que ha demostrado no tener voluntad en proteger sus derechos fundamentales, lo que raya en lo inhumano.

Es curioso que en muchos casos se pretenda validar la salida del régimen de la CIDH porque “Ecuador y Venezuela lo han hecho y no les ha pasado nada”, cuando claramente a lo que deberíamos aspirar como nación es a justo lo contrario, a no ser como esos países hoy reconocidos mundialmente como notorios violadores de los Derechos Humanos en perjuicio, única y exclusivamente, de sus propios ciudadanos.

Eso dicho, sería una hipocresía monumental del Tribunal Constitucional afirmar ahora que las decisiones de la CIDH no son vinculantes porque la participación de la República Dominicana en ese sistema nunca fue aprobado por el Congreso, cuando el mismo Tribunal Constitucional una y otra vez, en docenas y docenas de sentencias, ha citado y amparado sus decisiones en sentencias emanadas de esa Corte. Aunque debo reconocer que nuestro Tribunal Constitucional ha demostrado ser capaz de hacer cosas peores.

El país se defiende encausándolo a tomar las decisiones correctas que protejan de manera efectiva los derechos de todas las personas que habitan en su territorio. El país se defiende procurando preservar su imagen internacional impecable especialmente cuando se trata en materia de Derechos Humanos, separándonos de las barbaries de las que son capaces algunos de nuestros vecinos. Sí, defendamos la República Dominicana, pero haciendo lo correcto.