Amnistía Internacional se suma al coro de voces que reclama del Congreso dominicano nombrar al Defensor del Pueblo, figura que la vanidad local insertó en la Constitución de 2010, como si fuese cirugía estética o plástica, cuando de lo que se trata es de una macrocefalia burocrática, sin ningún valor práctico.

Clase política, mentada sociedad civil y una peña académica afrancesada o con tinte anglosajón, convencieron al constituyente de otorgar categoría sustantiva a una institución que en América Latina no ha hecho ninguna contribución importante al fortalecimiento del estado de derecho ni a la consolidación de la democracia política.

El ordenamiento jurídico dominicano no requiere habilitar ahora un complejo tejido burocrático que encarece la nómina pública convertida hoy en presa que se disputan fieras clientelares, porque esa institución denominada Defensor del Pueblo no es más que una cantera de puestos y cargos, cuyas funciones están a cargo del Ministerio Público.

Durante los últimos años, República Dominicana ha sido convertida en laboratorio donde se pone a prueba todas y cada una de las aventuras jurídicas, políticas o para replicar instituciones que sólo se corresponden con milenarias culturas o regímenes constitucionales, sin que se tome en cuenta los efectos secundarios que tales aventuras causan en el tejido social de la nación.

El Defensor del Pueblo ha salido de ese laboratorio de insumos foráneos, cuyos mentores consideran que el ensamblaje institucional puede ser puesto de mojiganga cada vez que un vendutero foráneo toca puertas de los que muchos creen todavía es una República bananera.

En vez de crear figuras estrambóticas sin posibilidad de insertarse en la tradición jurídica nacional, esas claques dirigentes deberían dedicar mayores esfuerzos al fortalecimiento de instituciones tradicionales como el Ministerio Público, servicio judicial, Policía y otras defensoras de los intereses de los ciudadanos, como Pro Consumidor.

No se niega que el Congreso está compelido a nombrar al mentado Defensor del Pueblo y a todos sus defensores adjuntos, que dispondrán de elevados salarios y privilegios, que obviamente pagarán los contribuyentes, pero se insiste en que ese engendro insertado en la Constitución es producto de una acción concertada de comparonería jurídica, ridículo extranjerismo y complicidad partidaria.

El Primer Mundo dispone todavía de centenares de instituciones, las cuales pueden ser calcadas por una clase política y académica carente de originalidad y con el natural concurso de gendarmes como Amnistía Internacional.