El prohibir y perseguir a los violadores de propiedad privada, y que el Ministerio Público solicite medidas de coerción en su contra, medida dispuesta por el Procurador General de la República, garantizan la seguridad jurídica en el país, afirmó este martes el Consejo Nacional de los Derechos Humanos (Conadehu).

Nelson Gutiérrez, director ejecutivo de la entidad, expuso que “el Procurador al ordenar a los miembros el Ministerio Público tomar las medidas necesarias para prohibir, proscribir y perseguir el delito de violación de propiedad privada, procurar el pronto establecimiento de los legítimos propietarios en el uso y goce pacífico de sus bienes, trae tranquilidad y paz a la familia y a los dueños de terrenos”.

Gutiérrez aplaudió que Domínguez Brito instruyera a los fiscales solicitar la imposición de prisión preventiva en todos los casos en que el imputado o sus cómplices de la violación de propiedad hayan sido intimados por el propietario y/o el Abogado del Estado para el abandono del inmueble.

Resaltó que el Abogado del Estado realiza buena labor al respecto, y acatando la resolución 00219 del 22 de enero, dispuesta por Domínguez Brito, precisando que por su “trascendencia social, económica y política, el derecho a la propiedad inmobiliaria ocupan un papel fundamental en el ordenamiento jurídico, cual ha sido debidamente reconocido por organismos internacionales y la constantes jurisprudencial nacional.

Indicó que el jefe del Ministerio Público instruyó a los Procuradores Fiscales, a encaminar la acción penal pública en todos los casos de violación del derecho de propiedad por la introducción de cualquier persona a una propiedad sin permiso del propietario del inmueble.