La petición del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, para que los diputados investiguen a los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) que anularon la convención del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), es un acto de intolerancia y autoritarismo que afecta la democracia y la institucionalidad del país, advirtieron esta mañana el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, dijo que la actitud de Pared Pérez es un atrevimiento que busca poner mordaza al poder electoral, y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, rechazó los pronunciamientos del secretario general del PLD porque dañan la institucionalidad de República Dominicana.
Pimentel señaló que estas presiones ya se hicieron contra jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y que mañana pueden ser contra los periodistas o contra entidades públicas y de la sociedad civil.
Además pidió investigar la denuncia de que desde el Palacio Nacional se estuvo presionando para cambiar la decisión del TSE y de que al juez Román Jáquez el gobierno le retiró su seguridad.
“La petición de Pared Pérez para que se investiguen los miembros del Tribunal Superior Electoral es un hecho que pone en peligro la democracia dominicana, sin lugar a dudas son signos claros de intolerancia que solo pueden ser visualizados en un ambiente de caudillismo y de un país que va en tránsito a un régimen mucho más autoritario”, sostuvo.
Al abundar sobre el tema dijo que “constituye un atrevimiento incalificable solicitar el inicio de un juicio político contra miembros de un tribunal del orden jurisdiccional por haber tomado una decisión dentro de su competencia, Participación Ciudadana entiende que este hecho se convierte en otro mensaje más de los intentos de mordaza, ayer contra jueces de la Suprema Corte de Justicia, hoy contra jueces del Tribunal Superior Electoral y sin lugar a dudas esto se puede extender contra periodistas, a miembros de entidades de la sociedad civil, a entidades públicas, a régimen autónomo, incluso hasta la propia Junta Central Electoral”.
Pimentel afirmó que la actitud del secretario general del PLD muestra el peligro en que está cayendo la democracia en el país.
Castaños Guzmán
El vicepresidente de Finjus dijo que la entidad rechaza ese pronunciamiento del presidente del Senado y que además “eso no contribuye en nada al fortalecimiento institucional del país, sino todo lo contrario”.
Castaños Guzmán expuso que el Tribunal Electoral acogió y acató los puntos juzgados y exhortados por el Tribunal Constitucional (TC) que eran, en síntesis: “que se juzgara la regularidad de las convocatorias a las reuniones en estricto apego a las disposiciones estatutarias del partido en virtud del principio de legalidad y que se respetara la garantía del derecho de defensa de la parte demandada, lo cual había sido inobservado por el TSE al negar una prórroga de comunicación de documentos para depósito de pruebas y en base a la falta de ellas decidir la nulidad”.
El ejecutivo explicó que al volver a instruir el proceso permite la inclusión de pruebas nuevas y otros argumentos, asimismo el TSE declaró válida las convocatorias y demás por cumplir con los requisitos mínimos de los estatutos, lo cual era el criterio del TC.
Castaños Guzmán opinó que el TSE vuelve a anular la convención y demás reuniones del PRD porque cuando se instruyó nuevamente el proceso, la parte demandada incluyó un listado de concurrentes a la reunión del Comité Ejecutivo del PRD que no demuestra cumplimiento del quórum necesario para validar la reunión.
“De ahí que se declara la nulidad de la misma por falta de quórum y, en consecuencia, la nulidad de sus decisiones dentro de las cuales estaba convocar a la convención nacional”, dijo.
Afirmó que el TSE no desacata al TC ni entra en “choque de poderes”, sino que acogiendo el criterio del constitucional, se extrae de las pruebas aportadas la nulidad de la reunión.
UN APUNTE:
El TSE no desacató
En este caso el TSE no desacata al TC ni parecería ajustarse a la tesis del “choque de poderes”. Sino que acogiendo el criterio del constitucional, extrae de las pruebas aportadas la nulidad de la reunión.
