La Confederación Patronal de la República (Copardom) y la Federación de Asociaciones Industriales (FAI) Empresariales han denunciado por separado que los elevados costos golpean a las empresas y les restan competitividad, aunque los argumentos expuestos por esos gremios difieren en buena parte.

El presidente de la FAI, Ignacio Méndez, sostiene que el incremento progresivo en los costos operativos de las empresas y otras condiciones adversas generan migración de actividades formales hacia la informalidad, en tanto que la presidenta de Copardom, Marisol Vincens, señala que el elevado financiamiento de las conquistas sociales de los trabajadores disminuye la capacidad de competir frente al mercado centroamericano.

Las opiniones de ambos dirigentes gremiales oscilan entre lo posible y lo irracional, porque mientras Méndez sugiere igualdad de todas las iniciativas empresarial en pagos de impuestos o cumplimientos de regulaciones, la señorita Vincens, plantea lapidar a los trabajadores para que las empresas se vuelvan competitivas.

La FAI se refiere a un segmento empresarial (pequeñas y medianas empresas) que compite en forma desventajosa frente a negocios de la economía informal que operan por la libre, sin pagar tributos, ni cumplir normas sanitarías, laborales o mercantiles.

La Confederación Patronal, en cambio, alega que las grandes empresas deben destinar 68 centavos por cada peso que pagan en salarios, para fines de seguridad social o garantía frente a desahucios laborales, y a esa situación atribuye que el país no pueda competir frente a naciones de Centroamérica firmantes del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos (RD- Cafta).

Es poco o casi nada lo que el Estado aporta a favor del desarrollo de las Pymes, que deben abrirse paso con costos elevadísimos en pago de energía, mantenimiento de electricidad alternativa, pago de salarios e impuestos y que, además, deben competir con iguales que crecen en una economía informal.

La mayoría de los asociados a la Copardom, en cambio, es beneficiaria de los más de cien mil millones de pesos que el Estado abona en subsidios directos e indirectos a través de los mentados gastos tributarios o programa de competitividad industrial, pero la señorita Vincens cree que el problema de competencia en los mercados se resuelve apretando aun más el cuello de los trabajadores.

Ese insensible argumento fue expuesto antes cuando la producción de bienes y servicios locales ingresaba libre de impuestos a los mercados de Estados Unidos y Europa, a través de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe o del esquema Lomé IV. Entonces se alegaba que los trabajadores chinos y africanos percibían salarios competitivos, es decir de miseria.

Lo planteado por la Federación de Asociaciones Industriales se resuelve con la simple aplicación de las leyes que prohíben prácticas desleales de comercio, tales como la evasión de impuesto y el contrabando. Para complacer a la señorita Vincens, sería necesario, enseñar a los trabajadores y a sus familias a no comer ni enfermarse, aun a riesgo de que, como el burro de la historia, se mueran de hambre.