Los gobiernos pasan, los discursos cambian, pero la realidad sigue golpeando a las mayorías con la misma fuerza: el modelo económico y político de este país está diseñado para despojarnos, empobrecernos y entregarnos al mejor postor. Y hoy, esa maquinaria de destrucción se expresa con brutal claridad en la minería metálica, en las «inversiones extranjeras» que no dejan nada, y en la subordinación completa del Estado a los intereses foráneos.

Durante años, la élite política y empresarial de la República Dominicana ha repetido como mantra que el “progreso” se consigue atrayendo inversión extranjera, entregando nuestros recursos naturales y abriendo las puertas a todo tipo de megaproyectos, sin importar sus consecuencias.

Sin embargo, los hechos hablan más fuerte que sus discursos: ese supuesto desarrollo no ha traído bienestar, sino dependencia, contaminación, pobreza y pérdida de soberanía. Hoy, esa maquinaria de destrucción se expresa con brutal claridad en la minería metálica, en las «inversiones extranjeras», y en la subordinación completa del Estado a los intereses foráneos.

Desde Cotuí hasta San Juan, desde Samaná hasta Pedernales, la historia se repite: empresas extranjeras entran, explotan nuestros recursos, contaminan nuestras aguas, destruyen la tierra, y luego se van dejando miseria, enfermedades, división comunitaria, nuestra cultura contaminada y más dependencia. Todo esto con la complicidad de un gobierno que, lejos de proteger al pueblo, le entrega el país en bandeja de plata al capital internacional.

Uno de los ejemplos más escandalosos de esta entrega es el nuevo proyecto de la Barrick Gold en Cotuí, que amenaza con desviar y entubar el río El Naranjo, una fuente vital de agua y vida para las comunidades del entorno. A cambio de más oro para el extranjero, se pretende asesinar un río y poner en peligro la salud y la subsistencia de miles de dominicanos.

El pueblo ha dicho no. Las comunidades se han levantado, han marchado, han encendido velas, han firmado resoluciones y han establecido el Campamento El Naranjo como zona libre de minería. La Coordinadora Popular Nacional, el Colectivo del Cibao, Articulación Nacional Campesina y decenas de organizaciones sociales y ambientales han dejado claro que no permitirán más atropellos, que no habrá paz si se sigue priorizando el oro sobre el agua, la ganancia sobre la vida. Y no están solos.

Por: Felipe Lora Longo