Nueva York.– Centros de detención para menores en el estado de Nueva York estarían aplicando castigos de aislamiento prolongado, que pueden extenderse por semanas o incluso meses, en celdas sin baño, donde los jóvenes se ven obligados a orinar y defecar en cubos o botellas, según una demanda colectiva presentada ante una corte federal en Manhattan.
La acción legal fue interpuesta por la Legal Aid Society y la firma Jenner and Block, en representación de cinco menores recluidos en centros administrados por la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS), que atiende a jóvenes de entre 12 y 21 años.
La demanda sostiene que estos centros, que deberían cumplir funciones de rehabilitación y tratamiento, someten a los jóvenes a un régimen de aislamiento que les priva de educación, recreación adecuada, acceso suficiente a agua potable y condiciones mínimas de higiene.
Práctica prohibida por ley
Los abogados recuerdan que el estado de Nueva York prohibió el uso del aislamiento para jóvenes y adultos jóvenes en 2021, al igual que el sistema penitenciario federal, por considerar esta práctica dañina y contraria a los derechos humanos.
Sin embargo, aseguran que la OCFS continúa utilizándola como castigo por presuntas faltas disciplinarias o por falta de personal para manejar las instalaciones, lo que califican como una práctica “ilegal, inhumana y peligrosa”.
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Graves efectos psicológicos
La demanda advierte que muchos de los jóvenes afectados padecen enfermedades mentales, y que el aislamiento prolongado les provoca ansiedad, depresión, estrés postraumático, desregulación emocional y empeoramiento del comportamiento. Algunos incluso han manifestado pensamientos suicidas.
“A pesar del consenso sobre el daño profundo y duradero del aislamiento, la OCFS continúa imponiendo esta peligrosa práctica a los jóvenes bajo su cuidado”, subraya el documento legal.
Alerta del sindicato
En junio pasado, el sindicato que representa a empleados de la OCFS también denunció estas condiciones ante legisladores estatales, calificándolas como “alarmantes” y advirtiendo que la infraestructura deficiente ha causado numerosas lesiones laborales.
“El hecho de que estos jóvenes, en su mayoría personas racializadas, vivan en condiciones miserables y deshumanizantes es inconcebible”, indicó el sindicato.
Exigen trato digno
Por su parte, Dawne Mitchell, jefa de abogados de derechos de menores en Legal Aid Society, afirmó que los jóvenes en estos centros “tienen derecho a seguridad, dignidad y a un trato acorde con su edad”, y reclamó una intervención inmediata para poner fin a estas prácticas.
